Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, formalizan un acuerdo relevante por el que el País Vasco se hará cargo de la administración del pago de las prestaciones por desempleo a aproximadamente 44.700 beneficiarios. Esta transferencia, ampliamente solicitada por el PNV, supone un avance significativo hacia el objetivo de los nacionalistas vascos de disponer de una Seguridad Social propia.
La iniciativa forma parte de las transferencias pendientes establecidas en el Estatuto de Gernika y se presenta como un proceso de descentralización administrativa que habilitará a la administración vasca para gestionar directamente los subsidios para desempleados en la comunidad autónoma. A pesar de esto, el sistema común de la Seguridad Social continuará bajo la responsabilidad del Estado central.
Desde Moncloa indican que esta transferencia no afecta a la caja única de la Seguridad Social, mientras que el Gobierno vasco valora este avance como una muestra de “autogobierno efectivo”. Este acuerdo podría tener repercusiones políticas importantes al afianzar el respaldo del PNV al Ejecutivo en un escenario parlamentario muy ajustado.
Este acontecimiento establece un precedente que podría reactivar el debate sobre el modelo territorial del Estado y la viabilidad de aplicar medidas similares en otras regiones con demandas equivalentes.
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