El Ministerio de Migraciones prepara un borrador que definirá los requisitos; aún se desconoce la postura de Junts, PNV y PP.
El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ultima una propuesta clave para la regularización de personas migrantes en España. Según fuentes del Ejecutivo, el borrador en elaboración contempla la concesión de autorizaciones de residencia por un año, sin necesidad de presentar un contrato de trabajo como requisito previo.
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La medida forma parte de la estrategia del PSOE para dar respuesta a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide regularizar a unas 500.000 personas en situación administrativa irregular. La propuesta busca un equilibrio entre las demandas de las organizaciones sociales que impulsaron la ILP y las posibilidades de consenso parlamentario.
El borrador aún no ha sido cerrado, pero el Ejecutivo pretende negociar su contenido con los distintos grupos del Congreso en los próximos días. La principal incógnita gira en torno a la postura que adoptarán partidos clave para la mayoría parlamentaria: Junts, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Popular (PP), cuya posición será determinante para el futuro de la medida.
El hecho de no condicionar las autorizaciones al mercado laboral supone un giro significativo respecto a políticas anteriores, que tradicionalmente ligaban la regularización al empleo. Esta vez, el enfoque se orienta más hacia criterios de arraigo y permanencia, en línea con los principios humanitarios defendidos por varias ONG.
Desde el Ministerio no se han dado aún detalles concretos sobre los requisitos adicionales que incluiría el proceso, aunque se espera que factores como el tiempo de estancia en España, la ausencia de antecedentes penales y el grado de integración social tengan un peso relevante.
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