El Ejecutivo español ha decidido llevar al Consejo de Ministros un nuevo decreto relacionado con la vivienda, motivado por la repercusión social causada tras el desahucio de Maricarmen. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, informó que este decreto pretende introducir un cambio estructural en el sector, enfocándose tanto en los desahucios como en la mejora del acceso a la vivienda para las generaciones jóvenes.
El decreto, que inicialmente se esperaba aprobar en julio pero fue retrasado debido a la falta de consenso, contempla medidas como la extensión de contratos de alquiler hasta 2028, acciones contra los desahucios y un control más estricto sobre los pisos turísticos. La ministra Rodríguez confía en que la situación social urgente permita alcanzar un acuerdo con partidos como PNV, Junts, ERC, Bildu, Podemos y Sumar, quienes son fundamentales para la convalidación del decreto en el Congreso.
Las negociaciones han presentado dificultades, con desacuerdos en temas como las expropiaciones, el aumento del IVA y los beneficios fiscales para propietarios. Sumar, socio del Gobierno, ha pedido incluir la expropiación de la vivienda de Maricarmen, propuesta que el ministro Félix Bolaños ha rechazado. También se demanda la congelación de los precios del alquiler y la regulación de los usos especulativos de la vivienda.
Junts propone incentivos fiscales para propietarios e inquilinos, mientras que Podemos exige la expropiación de 650,000 viviendas pertenecientes a fondos buitre y la reducción de las tarifas del alquiler. El PNV solicita la reforma de la ley del suelo y la regulación del alquiler de temporada, mientras que ERC defiende limitar este tipo de alquileres y evitar los desahucios de personas en situaciones vulnerables.
EH Bildu ha instado al Gobierno a incorporar las medidas planteadas por los Sindicatos de Vivienda, tales como la protección ante desahucios y la estabilidad en los contratos. Por otro lado, el PP critica este decreto por considerarlo intervencionista y recuerda su compromiso de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura.
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