La disolución de las Cortes Generales tras el adelanto de las elecciones deja en suspenso iniciativas clave que impactan en más de 18 millones de ciudadanos.
La decisión adoptada por el presidente Pedro Sánchez de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre ha generado incertidumbre sobre varias decisiones económicas importantes que afectan a más de 18 millones de españoles. Entre los compromisos pendientes están la actualización anual de las pensiones, el aumento salarial para empleados públicos y la revisión del ingreso mínimo vital (IMV). Estas medidas necesitan para su ejecución la aprobación de un decreto que les otorgue validez legal. De forma semejante, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está en trámite, aunque fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo han confirmado que avanzarán con su actualización según lo previsto.
El conjunto normativo paralizado que afecta a más beneficiarios es la actualización de las pensiones conforme al coste de vida. De este ajuste dependen 10,8 millones de personas que reciben prestaciones contributivas, no contributivas y de Clases Pasivas, además de los 2,7 millones que obtienen el ingreso mínimo vital, cuyo importe está legalmente ligado a las pensiones no contributivas.
Incertidumbre en los plazos normativos para pensiones y empleados públicos
Aunque la actualización de las pensiones está establecida por ley desde 2021 según la evolución del índice de precios al consumo (IPC), su puesta en práctica requiere tramitar un real decreto que suele aprobarse en el último Consejo de Ministros anual. En la ocasión anterior, esta revisión formó parte de un decreto conjunto que incluía otras medidas como la limitación de desahucios, documento que fue rechazado en el Congreso y tuvo que tramitarse por separado en febrero para su aprobación.
El principal obstáculo radica en que para definir el incremento según el IPC se precisa el dato definitivo de inflación de noviembre, que se publica oficialmente el 15 de diciembre. En ese momento, el Gobierno estará en funciones, lo que limita su capacidad regulatoria al «despacho ordinario de asuntos públicos». Aunque la ley no prohíbe expresamente tomar decisiones en esta situación, la condición de interinidad genera dudas legales. Cabe mencionar que a finales de 2019, ante un escenario similar, Pedro Sánchez decidió retrasar la subida de pensiones y salarios públicos hasta la conformación del nuevo Ejecutivo en 2020.
Sin embargo, se prevé que la actualización se aplique con efecto retroactivo, dado el amplio consenso político. En años recientes, el Partido Popular ha apoyado la convalidación de la subida en el Congreso, con la única oposición de Vox.
Situación parecida afecta al salario de los tres millones de empleados públicos. El Gobierno estableció el año pasado una serie de incrementos que suman un 11,4% hasta 2028, correspondiendo para 2024 un aumento pactado del 4,5% que también precisa aprobación mediante decreto. Aunque el Ejecutivo podría intentar aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre, ya que no depende del dato de inflación, el historial parlamentario indica que el PP apoyó las convalidaciones de los decretos de aumentos para 2025 y 2026, con el rechazo únicamente de Vox.
El trámite del SMI se mantiene y caen las iniciativas en el Congreso
Con respecto al Salario Mínimo Interprofesional, que influye en los ingresos de unos 2,5 millones de trabajadores, fuentes del Gobierno han confirmado su intención de mantener su tramitación conforme a los plazos establecidos. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto convocar este mes al comité de expertos para definir la propuesta de subida, que luego será negociada con los sindicatos.
La principal incertidumbre es si los plazos administrativos permitirán completar la tramitación antes de las elecciones del 29 de noviembre. Históricamente, las actualizaciones del SMI se ratifican formalmente en enero o febrero del año en curso. No obstante, existen precedentes de incrementos del salario mínimo durante gobiernos en funciones, como lo hizo el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy en diciembre de 2015.
En cambio, la disolución de las Cortes con la convocatoria anticipada provoca la expiración automática de las iniciativas legislativas en trámite. En materia laboral, proyectos como el Estatuto del Becario y la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales quedan definitivamente descartados tras quedar bloqueados en el Congreso. Tampoco avanzará la iniciativa impulsada por Podemos para despenalizar la jubilación anticipada para quienes tengan 40 o más años cotizados.
Asimismo, el adelanto electoral compromete la puesta en marcha de las principales reformas previstas por el Ministerio de Trabajo. Fuentes del departamento aclaran que las medidas que no requieren rango legal podrían ser técnicamente viables tras un estudio legal. Entre las iniciativas más desarrolladas estaba el endurecimiento del control horario, que tras intensas negociaciones entre el ministro Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz parecía tener consenso.
Finalmente, no seguirán avanzando normativas como la ampliación a 10 días de los permisos retribuidos por fallecimiento, la creación de un permiso por cuidados paliativos y eutanasia —acordado con sindicatos pero sin texto legal—, la reforma del sistema de despido que requiere rango de ley, y la modificación en la regulación para evitar que aumentos del SMI absorban complementos salariales inmediatos superiores.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
