El Gobierno central busca cerrar en los próximos días un acuerdo con Junts para garantizar el reparto extraordinario de 4.000 menores migrantes llegados sin acompañamiento familiar a Canarias. La medida, reclamada durante meses por el archipiélago, es considerada prioritaria debido a la presión que enfrenta el sistema de acogida en las islas. Para asegurar el pacto, el Ejecutivo ha aprovechado el reciente acuerdo con la formación independentista catalana sobre la delegación de competencias de inmigración a Catalunya.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su satisfacción tras la reunión mantenida en el Ministerio de Hacienda con su titular, María Jesús Montero. Aunque la reunión tenía como objetivo principal revisar el cumplimiento de la agenda canaria en la legislatura, el tema central fue la compensación económica que recibirán las comunidades autónomas que acojan a estos menores. Según fuentes cercanas a la negociación, Hacienda se comprometió a presentar una propuesta de financiación en el plazo de una semana.
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Una semana para definir el plan de financiación
El Ministerio de Hacienda tiene previsto detallar la financiación que recibirán las comunidades autónomas por cada menor acogido, así como los plazos en los que se transferirán los fondos. Montero se comprometió a comunicar directamente a Clavijo cuando el texto definitivo esté listo. Aún no se ha decidido si el acuerdo se materializará mediante una proposición de ley en las Cortes o a través de un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros. La consulta realizada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la Abogacía del Estado sigue sin respuesta, lo que ha generado incertidumbre sobre la vía jurídica que se empleará.
El papel clave de Junts y la oposición de la derecha
El Partido Popular, pese a formar parte del Gobierno en Canarias junto a Coalición Canaria, mantiene su negativa a apoyar la redistribución de los menores. Vox, por su parte, sigue firme en su discurso antiinmigración. Esto convierte los siete votos de Junts en el Congreso en un factor decisivo para que la medida salga adelante. Fuentes ministeriales sostienen que la reciente delegación de competencias en inmigración a Catalunya ha allanado el camino para el apoyo de los posconvergentes, siempre que se reconozca el esfuerzo de la Generalitat en la acogida de menores migrantes. Actualmente, Catalunya tutela a más de 6.700 menores.
Para garantizar un reparto equitativo, el Ministerio de Infancia priorizará en su baremación a aquellas comunidades que hayan creado nuevas plazas de acogida en los últimos años. En consecuencia, territorios como Catalunya y el País Vasco se verán favorecidos, mientras que otros factores como la población, la renta o el desempleo tendrán menos peso en la distribución.
El objetivo: convertir los repartos voluntarios en obligatorios
Aunque la negociación avanza y hay optimismo en las partes implicadas, el acuerdo aún no está cerrado. Torres y Clavijo prevén iniciar una ronda de consultas con los grupos parlamentarios para afianzar apoyos en las próximas semanas. En estas reuniones se pondrá sobre la mesa la necesidad de retomar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que busca establecer la obligatoriedad de los repartos de menores migrantes entre comunidades, en lugar de mantener el actual sistema voluntario.
La reunión en el Ministerio de Hacienda ha generado cierto optimismo en el Gobierno canario, después de semanas de tensión por la falta de avances. Sin embargo, en el equipo de Clavijo persiste la cautela, conscientes de que el acuerdo podría desmoronarse si las negociaciones no prosperan en los plazos previstos.
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