El ala socialista, anteriormente reticente, cambia de rumbo y acelera la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para corregir los fallos de la última reforma del Reglamento de Extranjería
El Gobierno ha decidido dar un giro significativo en su política migratoria al apostar por una regularización extraordinaria que podría beneficiar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. La medida, que hasta ahora había generado divisiones internas, especialmente en el ala socialista del Ejecutivo, ha ganado impulso en las últimas semanas.
Fuentes del Gobierno confirman que se está trabajando a contrarreloj para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone la regularización de personas extranjeras que ya viven y trabajan en España. Esta iniciativa, respaldada por más de 700.000 firmas ciudadanas y numerosas organizaciones sociales, había sido frenada en el pasado por dudas dentro del propio Ejecutivo, pero ahora se considera clave para enmendar los errores de la última reforma del Reglamento de Extranjería.
«La reforma no ha tenido el impacto esperado y ha generado más incertidumbre jurídica que soluciones», reconocen desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con la nueva hoja de ruta, el Gobierno busca no solo ofrecer una salida legal a quienes ya forman parte del tejido social y económico del país, sino también responder a las crecientes demandas sociales y humanitarias.
Esta regularización extraordinaria se perfila como una de las medidas más ambiciosas en materia de inmigración desde hace más de una década. De concretarse, supondría un cambio de paradigma en la política migratoria española, apostando por la inclusión frente a la exclusión administrativa.
Aunque aún no hay una fecha oficial para su aprobación, el Ejecutivo trabaja para que la medida pueda debatirse en el Congreso antes del verano.
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