A casi 50 días desde que se conoció el caso Cerdán, el Ejecutivo ha dado inicio a la estrategia contra la corrupción anunciada por Pedro Sánchez. El presidente ha encargado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la coordinación de una comisión interministerial que contará con la participación de cinco ministros y el jefe de Gabinete de la Moncloa.
Este nuevo órgano, creado por decreto, tendrá la función de impulsar grupos de trabajo especializados con el fin de desarrollar un plan integral de regeneración. Sin embargo, el decreto mantiene un enfoque voluntario y no establece medidas inmediatas ni plazos definidos para su implementación.
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Con esta acción, el Gobierno pretende evidenciar su compromiso político tras semanas de presión mediática y de la oposición debido al caso Cerdán. Pese a ello, la ausencia de disposiciones normativas claras en el decreto ha generado incertidumbre sobre la eficacia de la comisión en la lucha contra la corrupción.
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