El Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado dos decretos dirigidos a mitigar los efectos económicos derivados de la guerra en Irán: un conjunto de reducciones fiscales para la energía y los combustibles, junto con una extensión automática de los contratos de alquiler solicitada por el socio minoritario.
Este viernes, 20 de marzo, La Moncloa fue testigo de una profunda discrepancia interna que retrasó la aprobación de estas medidas urgentes para hacer frente a la crisis energética. Tras una demora de más de dos horas y el rechazo inicial de los ministros de Sumar, el Ejecutivo alcanzó un acuerdo in extremis dividido en dos ámbitos legislativos: uno de carácter económico y otro centrado en la protección habitacional.
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Un Consejo de Ministros marcado por la demora y el rechazo inicial
La sesión, prevista para primera hora de la mañana, comenzó finalmente después de las 11:30 horas. La causa fue la negativa de los cinco ministros de Sumar a participar en un Consejo enfocado únicamente en la reducción de impuestos sin contemplar medidas para proteger a los arrendatarios.
Esta situación provocó una reunión urgente a puerta cerrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras los ministros de ambos partidos esperaban en salas separadas. Finalmente, se consiguió un «principio de acuerdo» que permitió resolver los detalles del decreto durante la propia reunión ministerial, posibilitando la incorporación de los representantes de Sumar al gabinete.
Las medidas: reducción del IVA y protección en alquileres
El plan integral para afrontar el impacto económico de la guerra en Irán se concreta en dos decretos ley con el objetivo de controlar el aumento de precios y amparar a los colectivos más vulnerables:
- Paquete anticrisis: contempla la disminución del IVA de la gasolina al 10% para moderar el encarecimiento de los combustibles, así como otras rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y el gas.
- Vivienda: atendiendo a las demandas de Sumar, el Gobierno ha aprobado la prórroga automática de los contratos de alquiler próximos a vencer, para evitar incrementos abruptos en los precios durante la crisis.
- Suministros: se mantiene la prohibición de suspender servicios esenciales a familias vulnerables y se acuerda ampliar el bono social eléctrico.
- Control de márgenes: bajo la presión de Sumar, se establecen mecanismos que impiden que las rebajas fiscales se traduzcan en beneficios extraordinarios para las empresas energéticas, garantizando que el ahorro llegue al consumidor final.
Respuesta de la oposición y de las comunidades autónomas
El Partido Popular ha calificado las tensiones internas como un Ejecutivo «dividido» y ha cuestionado la postura de los ministros de Sumar en un contexto de emergencia internacional.
En tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado que el coste de estas medidas sea asumido íntegramente por el Estado central, advirtiendo que trasladar esta carga a las comunidades autónomas afectaría negativamente la financiación de sus servicios públicos.
Por su parte, desde EH Bildu, la portavoz Mertxe Aizpurua ha criticado que la reducción del IVA en los carburantes «no representa una solución», argumentando que este tipo de medidas fiscales suelen beneficiar principalmente a las grandes compañías energéticas en lugar de a los ciudadanos de manera progresiva.
Se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreciera en breve una comparecencia ante la prensa para explicar con detalle el alcance y la entrada en vigor de ambos decretos.
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