El sector pesquero español ha mostrado su firme oposición a la propuesta de la Comisión Europea (CE) de reducir en un 79% los días de pesca en el Mediterráneo. Esta medida, que limitaría la actividad a una media de 27 días por flota en 2025, es vista como una amenaza directa a la viabilidad económica de miles de familias.
La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la patronal de armadores Cepesca han liderado una huelga que ha movilizado a cerca de 1.500 trabajadores del sector. Procedentes de diversas regiones como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, los manifestantes se congregaron frente a la sede de la CE en Madrid para expresar su descontento.
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Según estas organizaciones, la implementación del plan significaría la desaparición del arrastre en el Mediterráneo, afectando a 556 barcos y poniendo en riesgo 3.000 empleos directos y 17.000 indirectos. Este lunes, mientras los ministros de Agricultura y Pesca de la UE se reunían en Bruselas, el sector pesquero español reiteraba su rechazo a la propuesta.
José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Pescadores, ha declarado que la reducción sería la ‘ruina para miles de familias’. El director general de Pesca de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, también ha calificado el planteamiento de ‘totalmente inasumible’ y ha pedido su retirada inmediata.
Por otro lado, el conseller de Agricultura de Cataluña, Êscar Ordeig, ha solicitado una moratoria hasta 2025 y un replanteamiento completo de la propuesta. Según él, los estudios de la CE no reflejan la realidad actual de los stocks de peces, lo que hace que la medida sea ‘muy lesiva y perjudicial’.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado su rechazo a la propuesta, calificándola de ‘inaceptable’. España, junto con Francia e Italia, ha firmado una declaración conjunta para bloquear la medida y extender las actuales condiciones de pesca hasta 2025.
El impacto potencial de esta reducción no solo afectaría al sector pesquero, sino también al comercio y la restauración que dependen del producto local. Pedro Mercant, presidente de OPMallorcamar, ha advertido que la campaña de Navidad está ‘en peligro’, subrayando la necesidad de presionar para detener la propuesta.
En conclusión, la propuesta de la CE ha generado una fuerte resistencia en el sector pesquero español, que teme por su futuro económico y social. La búsqueda de un equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad sigue siendo un desafío crucial para todas las partes involucradas.
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