El desalojo reciente del edificio llamado B9 en Badalona ha provocado un debate social y político considerable. Diversos expertos y grupos sociales critican que las declaraciones del alcalde, Xavier García Albiol, hayan fomentado un ambiente de hostilidad hacia los residentes inmigrantes del inmueble, promoviendo actitudes de rechazo y deshumanización entre algunos vecinos.
Según estas críticas, la constante asociación del colectivo inmigrante con problemas de seguridad y convivencia ha intensificado las tensiones en el barrio. ‘‘Cuando las instituciones criminalizan a un grupo vulnerable, se alienta la discriminación’’, afirman expertos en derechos humanos y convivencia urbana.
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Algunos analistas califican el desalojo del B9 como un ‘‘ensayo’’ de políticas centradas en la exclusión social, donde el foco se desplaza de las causas estructurales —como la carencia de vivienda digna— hacia la estigmatización de quienes padecen esta problemática. Las organizaciones sociales advierten que estas acciones no solucionan la problemática habitacional y, en cambio, profundizan la división social.
Mientras el Ayuntamiento justifica la intervención como una medida necesaria para garantizar la seguridad y el orden público, colectivos vecinales y plataformas que apoyan a los desalojados demandan soluciones integrales que prioricen la mediación, la defensa de los derechos fundamentales y alternativas reales en materia de vivienda.
El caso del B9 pone nuevamente en debate el papel que desempeña el discurso político en la convivencia ciudadana y el riesgo de que ciertas narrativas institucionales contribuyan a normalizar el rechazo hacia el diferente.
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