El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de quienes obtuvieron la nacionalidad gracias a la conocida como ‘ley de nietos’. Esta normativa concedía la nacionalidad a los descendientes de españoles que emigraron entre 1936 y 1955 por motivos políticos.
La resolución del Supremo afecta aproximadamente a 170.000 personas beneficiarias de esta ley, promovida mediante una modificación impulsada por la hermana de Óscar Puente. El Tribunal Supremo ha suspendido el derecho a votar en las elecciones generales a quienes no puedan demostrar su situación política de exilio.
Recurso ante el Constitucional
Ante peticiones de particulares y organizaciones, el Defensor del Pueblo ha optado por presentar este recurso y solicitar medidas cautelarísimas al Constitucional. Gabilondo pretende que el Tribunal se pronuncie sobre la interpretación del Supremo relativa a la suspensión del derecho al voto de los afectados. El recurso llega a un mes y medio de las elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre, y con un censo electoral que todavía no está definido con claridad.
El Tribunal Supremo ha alertado sobre un «peligro serio» para la transparencia electoral, al criticar a la Administración por la falta de claridad en la situación censal. Además, el Ejecutivo demoró tres días la publicación en el BOE de la decisión del Supremo, generando dudas en torno al censo que se aplicará, que podría ser el correspondiente al 1 de agosto.
Incremento de nacionalizados
Entre el 1 de agosto de 2025 y septiembre de 2026 se han sumado 42.692 nuevos votantes potenciales. España ha incorporado más de 526.000 nacionalizados en el censo electoral en el extranjero, representando un 20% del total de los beneficiarios de la ley. Este incremento del 80% en altas desde 2020 hasta 2024 es notable, aunque no todos consiguieron la nacionalidad por la reforma propuesta por Puente.
La situación de los descendientes de brigadistas internacionales que participaron en la Guerra Civil Española también genera interrogantes. Recientemente, 171 descendientes obtuvieron la nacionalidad, pero no podrán votar en las próximas elecciones si se aplica el censo del 1 de agosto. La jurisprudencia del Supremo exige acreditar dicha condición, aunque muchos descendientes abandonaron España antes de que finalizara la Guerra Civil, quedando en una situación jurídica incierta.
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