La coalición gubernamental enfrenta una jornada de gran tensión este viernes 20 de marzo. Yolanda Díaz sostiene una disputa con Pedro Sánchez para incorporar la protección de los alquileres y la suspensión de desahucios dentro del paquete de medidas contra la crisis causada por la guerra en Irán.
El inicio del plan nacional para mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo ha generado un enfrentamiento directo dentro del Ejecutivo. Lo que estaba previsto como un Consejo de Ministros Extraordinario rutinario para aprobar reducciones fiscales se transformó en una negociación de última hora en el Palacio de la Moncloa. La razón principal es la solicitud de Sumar para reestablecer parte del «escudo social» en materia de vivienda, una petición que el PSOE inicialmente rechazaba.
Extensión obligatoria de los contratos de alquiler
La propuesta principal presentada por Sumar consiste en la prórroga automática y obligatoria de los contratos de alquiler que finalizan próximamente. Esta medida, que ya se implementó durante la crisis inflacionaria derivada de la invasión de Ucrania, permitiría a los arrendatarios conservar los términos actuales sin riesgo de aumentos significativos o rescisión de contratos en un contexto económico incierto.
Desde el sector socialista, se argumenta que los aumentos ya están regulados por la Ley de Vivienda. Según el PSOE, este primer conjunto de medidas debe centrarse en mitigar el impacto directo de la energía y los combustibles, evitando intervenciones adicionales en el mercado inmobiliario que consideran fuera del enfoque urgente de este viernes.
Suspensión de desahucios para hogares vulnerables
El segundo tema conflictivo lo representa la prohibición de desahucios. Sumar insiste en restablecer la protección para familias en situación vulnerable y sin opciones habitacionales, una medida que fue suspendida el pasado febrero tras no lograr el respaldo parlamentario requerido.
En este aspecto, las posturas entre los socios de coalición parecen acercarse, aunque persisten diferencias importantes:
- Aplicación limitada: Se considera una implementación restringida exclusivamente a colectivos en especial situación de vulnerabilidad.
- Pequeños propietarios excluidos: El Ejecutivo tiende a preservar la capacidad de ejecutar desahucios para quienes poseen una o dos viviendas, enfocando la restricción hacia los grandes tenedores.
Reunión privada para avanzar en el acuerdo
El retraso superior a dos horas en el inicio del Consejo de Ministros provocó una reunión urgente y a puerta cerrada entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda encabezó la negativa de sus cinco ministros a aprobar un decreto que solo incluyese rebajas fiscales (como la reducción del IVA en luz y gasolina al 10%) sin abordar lo que consideran el «problema económico principal» para las familias españolas: la vivienda.
El resultado de esta negociación determinará no solo las medidas publicadas mañana en el BOE, sino también la estabilidad de la coalición, que hoy ha evidenciado sus discrepancias ante la presión derivada de la crisis energética global.
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