Un informe de Oxfam Intermón muestra que el gasto en vivienda incrementa la tasa de pobreza laboral del 11,5% al 15,5%, afectando a un tercio de los inquilinos que pagan alquiler a precio de mercado y perjudicando especialmente a la Comunidad de Madrid y Cataluña.
En España, el empleo ya no garantiza unas condiciones de vida adecuadas debido a las tensiones en el mercado inmobiliario. Un estudio publicado este martes por Oxfam Intermón revela que 770.000 trabajadores pasan al umbral de pobreza, definido como ingresos inferiores al 60% de la mediana social, tras pagar su alquiler o hipoteca mensual. A esta cifra se añaden 2,2 millones de empleados que ya estaban en esta situación antes de afrontar los gastos residenciales.
Según el informe, basado en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, el esfuerzo económico vinculado a la vivienda eleva la tasa de pobreza laboral en España del 11,5% al 15,5%. Esto indica que uno de cada seis trabajadores enfrenta grandes dificultades para mantener un nivel de vida digno después de abonar los gastos de su domicilio. La organización señala que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores que generan pobreza y desigualdad social en el país.
El alquiler a precio de mercado, el grupo más afectado
La desigualdad socioeconómica es particularmente notable entre trabajadores que residen en alquiler a precios de mercado. En este grupo, la tasa de pobreza laboral es del 19,35% antes de pagar la vivienda, pero se incrementa notablemente hasta el 34,1% tras desembolsar el alquiler mensual. Así, uno de cada tres empleados que viven de alquiler queda en pobreza después de cumplir con este gasto. La proporción supera incluso la de quienes cuentan con alquileres por debajo del mercado (31,3%), modalidad vinculada normalmente a personas con menores recursos en promociones sociales.
Por otra parte, la estabilidad financiera es mayor entre la población ocupada propietaria del hogar. Para quienes están pagando hipoteca, la tasa de pobreza tras pagar el inmueble es del 10,2%, y disminuye al 8% en el caso de quienes tienen la vivienda pagada, considerando solo las cargas fiscales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El estudio destaca la existencia de una trampa económica para los inquilinos con bajo ingreso, cuya capacidad de ahorro limitada les impide comprar una vivienda.
Importante aumento de la pobreza laboral en Madrid y Cataluña
El coste inmobiliario afecta significativamente la distribución geográfica de la vulnerabilidad laboral. Antes del gasto en vivienda, las comunidades con mayor pobreza laboral son Andalucía (17,7%), Comunidad Valenciana (17%) y Extremadura (16,5%). Sin embargo, tras descontar los pagos de alquiler o hipoteca, el mayor incremento se da en la Comunidad de Madrid y Cataluña, regiones con mayor encarecimiento en el mercado inmobiliario. En Madrid, la tasa sube del 7,3% al 12,7%, y en Cataluña, del 7,9% al 12,9%.
Además, la presión del mercado de alquiler en Madrid influye directamente en las comunidades cercanas debido al traslado de trabajadores hacia ciudades dormitorio, lo que sitúa a Castilla y León (50,7%) y Castilla-La Mancha (48,7%) entre las regiones con mayor incidencia de pobreza laboral entre inquilinos tras pagar el alquiler.
Desconexión entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza
El informe señala que la crisis en materia de vivienda agrava un problema de desigualdad estructural en España. Entre 2022 y 2024, la tasa de pobreza laboral cayó ligeramente 0,16 puntos porcentuales, del 11,64% al 11,48%, en un periodo en que el PIB creció más del 6%. A este ritmo, España necesitaría 59 años para alcanzar la media de la Unión Europea, situada en el 8,2%.
Esta desconexión se debe en parte a la creación de empleo de baja calidad, un fenómeno que afecta más a la población inmigrante extracomunitaria, cuya tasa de pobreza laboral aumentó del 29,5% al 31,4% en dos años. Ante este escenario, Oxfam Intermón solicita la coordinación de políticas laborales y residenciales. En empleo, pide garantizar legalmente las subidas del salario mínimo frente a la inflación, fortalecer la negociación colectiva y aprobar el Estatuto del Becario. En el mercado inmobiliario, reclama priorizar el derecho a la vivienda sobre la especulación, aumentar la protección a colectivos vulnerables, estabilizar el arrendamiento y asegurar la seguridad jurídica de pequeños propietarios que ofrecen alquileres asequibles.
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