Este jueves, el Congreso de los Diputados celebra su último Pleno de 2025, en el que se aprobará la Ley de Atención a la Clientela. La sesión concluirá con dos decisiones controvertidas: el Ejecutivo logrará vetar la enmienda del Senado que proponía reducir el IVA sobre la carne y el pescado, argumentando un coste de 3.780 millones de euros, mientras que la mayoría de la investidura rechazará la limitación del uso del catalán en la atención al cliente de grandes empresas.
A pesar de la amenaza de bloqueo general por parte de Junts, la Ley de Atención a la Clientela será aprobada hoy. El texto vuelve con dos modificaciones significativas introducidas por el PP en el Senado, las cuales serán resueltas de manera opuesta.
No se aprobará la reducción del IVA en alimentos
En el Senado, el Partido Popular, con mayoría absoluta, había incluido una rebaja del IVA al 4% para carnes, pescados y productos en conserva, y la supresión total del impuesto para artículos esenciales como leche, queso, huevos, frutas y verduras. Esta medida, defendida por Feijóo como un mecanismo para afrontar la subida de precios en la cesta de la compra, estaba prevista para aplicarse entre enero y junio de 2026.
Sin embargo, el Gobierno ha ejercido su derecho de veto en el Congreso, señalando que esta propuesta generaría un impacto presupuestario negativo de 3.780 millones de euros en ingresos. La Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, ha aceptado el veto, lo que causa que la enmienda quede sin efecto.
Este veto genera un intenso debate institucional, ya que es la cuarta ocasión en esta legislatura que el Gobierno bloquea en la Cámara Baja enmiendas aprobadas por el Senado. El PP sostiene que el veto debería aplicarse en la Cámara Alta. Además, existe un debate legal sobre esta cuestión: en marzo, el letrado mayor del Congreso consideró que esta práctica contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque dicha opinión no es vinculante.
Protección de las lenguas cooficiales en la atención al cliente
Por otro lado, la mayoría de la investidura, incluyendo a PSOE, Sumar y Junts, se prevé que apoye el refuerzo del uso de las lenguas cooficiales en la atención al cliente a nivel nacional, no solo en las regiones con idioma propio, como propuso inicialmente el PP en el Senado.
Este acuerdo, pactado en septiembre entre el Gobierno y Junts, establece que las empresas con más de 250 empleados, aquellas que facturan más de 50 millones de euros o las que operan en sectores de interés general deben ofrecer la atención en catalán, euskera o gallego, además del castellano, en cualquier parte de España. El PP intentó restringir esta obligación territorialmente, pero fuentes parlamentarias señalan con certeza que su enmienda será rechazada.
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