El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del Congreso ha concluido que los periodistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo incurrieron en infracciones graves en diferentes hechos ocurridos en la Cámara en los últimos meses. Los informes que ha preparado este consejo fueron entregados a la Mesa del Congreso, que deberá decidir si se procede a la suspensión temporal o definitiva de sus acreditaciones.
Este jueves, durante la reunión del órgano de gobierno del Congreso, se tratará esta cuestión. Se espera que se designe a un letrado instructor y que se otorgue la oportunidad a los implicados para presentar sus descargos antes de que se imponga cualquier sanción.
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Vito Quiles, que trabaja para EDATV, y Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, fueron señalados por infringir el nuevo reglamento del Congreso, el cual establece limitaciones respecto a la grabación y el comportamiento permitido durante ruedas de prensa. Las sanciones posibles varían desde una suspensión temporal de 11 días hasta la revocación definitiva de la acreditación.
En el caso de Quiles, los informes indican que filmó imágenes en áreas no autorizadas en dos ocasiones: el 20 de noviembre, captando al presidente del Gobierno pese a las advertencias, y el 11 de diciembre, persiguiendo al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y difundiendo dichas grabaciones en redes sociales posteriormente. Estas acciones podrían suponer hasta cinco infracciones graves según el Reglamento de la Cámara.
Por su parte, Bertrand Ndongo fue acusado de entorpecer una rueda de prensa celebrada el 25 de noviembre, convocada por la portavoz del grupo Sumar, Verónica Barbero. De acuerdo con el informe, Ndongo desoyó las indicaciones del personal responsable y alteró el orden establecido para el turno de preguntas, perjudicando el trabajo de otros periodistas y ejerciendo «violencia verbal» hacia la diputada y una colega, lo que se considera una infracción grave.
El Consejo Consultivo, formado por representantes de diversos grupos parlamentarios —excepto PP y Vox, que no reconocen su legitimidad— y asociaciones periodísticas como la APP, concluyó que ambos casos constituyen faltas graves que podrían conllevar sanciones más estrictas si se acumulan en un periodo de un año.
