La condena por la devolución ilegal de menores a Marruecos en 2021 ha regresado al centro del debate político en Ceuta, motivado por la situación migratoria actual. Distintas voces críticas establecen comparaciones entre las medidas tomadas entonces y las decisiones de los responsables actuales.
En septiembre de 2025, la Audiencia Provincial dictó una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación contra la exvicepresidenta y consejera Mabel Deu y la exdelegada del Gobierno Salvadora Mateos, debido a la devolución ilegal de 55 menores no acompañados durante la crisis de mayo de 2021.
Tomando como referencia este antecedente, sectores críticos han centrado su atención en el papel del actual consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, a quien le reprochan una actuación que consideran insuficiente frente a la situación en la ciudad, en contraste con la gestión directa que llevaron a cabo sus predecesoras en 2021 y que culminó en un proceso judicial.
En esencia, el debate refleja una tensión entre la necesidad de respuestas firmes ante episodios migratorios excepcionales y los riesgos legales vinculados a decisiones adoptadas fuera de los procedimientos normativos, tal como quedó demostrado con la sentencia relacionada con los hechos de 2021.
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