Cuando se supera la mitad de la legislatura, el Gobierno conjunto de PSOE y Sumar ha conseguido aprobar solo cerca de diez de las aproximadamente 50 iniciativas que requerían la validación del Congreso, conforme al acuerdo firmado hace más de dos años por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
El principal impedimento lo representa el grupo independentista Junts, que anunció hace semanas que rechazará todas las propuestas provenientes de La Moncloa. Sin contar con los votos de los siete diputados de Junts, el resto de proyectos enfrenta una situación incierta, y muchos compromisos del pacto podrían quedar estancados hasta 2027, incluso si no se celebran elecciones generales. Para avanzar, PSOE y Sumar deberían alcanzar un pacto poco probable con PP o Vox.
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Algunas leyes dentro del acuerdo se tramitan con éxito, como las relativas al Impulso de la Economía Social y la industria cinematográfica, así como la regulación de Servicios de Atención al Cliente y la promoción de la Movilidad Sostenible. No obstante, otras propuestas clave —como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la Ley Integral contra la Trata de Personas, la reforma de la carrera judicial, el reconocimiento de los bebés robados, el estatuto del becario o la disminución de ratios en las aulas— podrían quedar paralizadas.
El pacto de coalición también contemplaba compromisos para actualizar el modelo de financiación autonómica, limitar la concentración empresarial, implantar un sistema “mallar” de infraestructuras, regular la actividad artística, proteger las distintas formas de familia y promover un Pacto de Estado por los derechos LGTBI. Por otro lado, la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado sigue bloqueada a causa del rechazo a la senda de déficit.
Hasta ahora en esta legislatura, se han aprobado 25 leyes y convalidado 29 reales-decretos leyes, incluyendo algunas medidas del acuerdo, como la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos”, la ampliación de permisos por cuidado de hijos, la regulación de la jubilación parcial y una normativa para combatir el desperdicio alimentario con multas que pueden alcanzar los 500.000 euros.
El PSOE mantiene abierta la vía del diálogo con Junts como estrategia para desbloquear la legislatura, mientras que el curso del resto de proyectos continúa dependiendo de la posición de rechazo del partido independentista.
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