Este martes, dos periodistas declararon ante el Tribunal Supremo que accedieron a la confesión de dos delitos fiscales atribuida a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, iniciara la búsqueda de dicha información.
Los testigos, Miguel Ángel Campos y José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, antiguo subdirector de El País, participan en el proceso judicial que se sigue contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.
Los periodistas manifiestan que su fuente no fue el fiscal general
Campos relató que recibió un correo del abogado de González Amador el 13 de marzo de 2024 a las 15:34 horas, en el que se reconocían los delitos fiscales y se proponía un acuerdo con la Fiscalía. No divulgó la información hasta la noche porque su fuente no se lo permitió antes.
El periodista destacó que la información no le fue proporcionada por García Ortiz y que intentó contactar con el fiscal general para confirmar los datos, sin obtener respuesta: “Llamé al fiscal general para corroborar la información, pero me atendió el buzón de voz y no recibí llamada de vuelta”, afirmó.
Por su parte, Romero-Salazar indicó que recibió la información el 12 de febrero de 2024, casi un mes antes, gracias a una fuente “muy fiable dentro de la Comunidad de Madrid”. Según su testimonio, ya conocían los hechos mucho antes de que el fiscal general iniciase su búsqueda.
El exsubdirector de El País confirmó que su fuente tampoco fue García Ortiz y que intentó verificar la información por vías alternativas, respetando los protocolos del periódico.
El decano del Colegio de Abogados de Madrid califica de “insólita” la nota de la Fiscalía
En la misma sesión testificó Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), quien consideró “insólita” la nota de prensa publicada por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, en la que se difundió el contenido íntegro del correo electrónico enviado por el abogado de González Amador.
Ribón explicó que el ICAM decidió ejercer la acusación popular al entender que la publicación vulneró la confidencialidad de las negociaciones entre abogado y fiscal. La organización reclama para García Ortiz una pena de cuatro años de prisión, tres años de suspensión de cargo público y una multa de 81.000 euros.
El fiscal delegado de Protección de Datos justifica la eliminación del móvil de García Ortiz
También intervino Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal delegado de Protección de Datos, quien defendió que García Ortiz tenía la autoridad para eliminar información de sus dispositivos, al ser quien gestionaba su contenido. Aseguró que la publicación de la nota de prensa no representó una violación de seguridad y sostuvo que fue una “decisión consciente y autorizada”.
Un proceso judicial sin precedentes contra el fiscal general del Estado
El juicio, iniciado el 3 de noviembre pasado, ha convertido a Álvaro García Ortiz en el primer fiscal general del Estado en ser acusado formalmente.
Se le imputan entre cuatro y seis años de prisión, doce años de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros por supuestamente filtrar a la Cadena SER un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, remitido por el abogado de González Amador y en el que se admitían dos delitos fiscales.
Este miércoles están previstas las declaraciones de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes registraron las oficinas del fiscal general y de la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez. El propio García Ortiz cerrará las declaraciones antes de las conclusiones previstas para el 13 de noviembre, fecha a partir de la cual el caso quedará pendiente de sentencia.
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