Se conmemoran dos años desde el fatídico incidente en el puerto de Barbate que costó la vida a los agentes de la Guardia Civil Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez Carracedo, de 43. Ambos fallecieron tras ser embestidos por una narcolancha durante una operación antinarcóticos. Este hecho evidenció la gran peligrosidad de estas intervenciones y la violencia que emplean las organizaciones criminales en el Estrecho.
La investigación finalizada recientemente ha dado lugar a un juicio con jurado popular contra Karim El Baqqaly, quien pilotaba la embarcación, y Yassine El Morabet, que lo acompañaba. Otros dos tripulantes serán juzgados por contrabando en un procedimiento independiente, ya que no existen indicios de que hayan participado directamente en el ataque mortal.
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El magistrado ha acusado a El Baqqaly de dos homicidios consumados y cuatro tentativas de asesinato, mientras que El Morabet afronta seis cargos por atentado agravado, debido a que utilizó un puntero láser contra los agentes antes de la colisión, dificultando su capacidad de defensa.
El auto judicial indica que los sucesos tuvieron lugar entre las 20:20 y las 20:29 horas del 9 de febrero de 2024, cuando seis guardias civiles acudieron a inspeccionar la presencia de seis narcolanchas protegidas del mal tiempo. Según el juez, El Baqqaly embistió deliberadamente la embarcación oficial, plenamente consciente de la inferioridad de la zodiac respecto a la potente lancha, y de que los ocupantes eran agentes, quienes no pudieron reaccionar.
El impacto causó la muerte inmediata de González y Pérez Carracedo, mientras que los cuatro compañeros restantes sufrieron lesiones físicas y psíquicas. La Fiscalía ha valorado las responsabilidades económicas en 2.500.000 euros, que sumados a los daños materiales y psicológicos alcanzan los 3.300.000 euros, cantidad que deberá abonar El Baqqaly.
Los demás tripulantes se entregaron entre septiembre de 2024 y mayo de 2025; actualmente, solo El Baqqaly permanece en prisión. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo cerró definitivamente las denuncias contra los mandos de la Guardia Civil responsables de la operación, confirmando que no hubo negligencia penal en su planificación.
Este aniversario pone de relieve los riesgos que enfrentan los agentes en la lucha contra el narcotráfico en la costa de Cádiz y la determinación de la justicia para sancionar a quienes atacan a la autoridad.
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