Recientes correos electrónicos internos revelan que la administración de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, tenía conocimiento de que numerosas residencias de ancianos no contaban con medicalización durante los primeros meses del brote de COVID-19.
Según estos documentos, la persona responsable de los protocolos de actuación en residencias alertó desde el comienzo de la crisis acerca de la necesidad de trasladar fuera de estos centros a un número mayor de casos del inicialmente planificado. En sus mensajes, advertía: “No quiero que ninguna autoridad cargue con la conciencia de un número significativo de fallecimientos evitables”.
Estos correos evidencian que la administración regional estaba al tanto de las alertas sobre la carencia de recursos médicos en las residencias, lo que suscita cuestionamientos en torno a la gestión de la crisis y la posible responsabilidad en los fallecimientos ocurridos en los momentos más críticos de la pandemia.
La difusión de esta información coincide con la reactivación de las investigaciones sobre la asistencia brindada a personas mayores en centros residenciales y las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias madrileñas en 2020. Expertos en salud pública han señalado que la insuficiente medicalización de estos centros fue un factor determinante en el elevado número de defunciones en este grupo vulnerable.
Hasta el momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha emitido declaración oficial respecto a estos recientes hallazgos.
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