Cinco miembros del Tribunal Constitucional han emitido un voto particular con críticas firmes hacia la decisión que confirma la validez de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Acusan al tribunal de apoyar lo que consideran un “negocio piramidal” estatal financiado con recursos de las empresas.
Firmado por Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, el voto discrepa con la mayoría que avala un sistema que obliga a las grandes empresas a anticipar impuestos sobre ingresos que califican como ficticios o inexistentes, lo que vulneraría el principio constitucional de capacidad económica.
Según estos magistrados, el mecanismo convierte a las compañías en prestamistas involuntarios del Estado, que retiene durante varios meses la liquidez entregada sin abonar intereses, lo que genera un beneficio financiero indebido para la Administración. Destacan que es una forma encubierta de financiación a coste cero que causa un impacto negativo claro y reconocido en las empresas afectadas.
Además, señalan que la mayoría del tribunal utiliza argumentos como “técnica tributaria” o “practicabilidad administrativa” para justificar esta medida, razones que consideran incompatibles con los derechos constitucionales de los contribuyentes.
Finalmente, los cinco magistrados concluyen que esta norma tiene un objetivo exclusivamente recaudatorio, destinada a disminuir el déficit público a costa de las grandes empresas, lo que contrasta con la política legislativa previa que buscaba facilitar la liquidez a estas compañías.
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