El presidente Sánchez comunica la apertura de los archivos del golpe para el 24 de febrero, en un marco de paralización parlamentaria de la nueva Ley de Información Clasificada
El 23 de febrero de 2026 será recordado no solo como el aniversario del intento de golpe de Estado de 1981, sino también porque el presidente del Gobierno eligió esta fecha para anunciar un avance significativo en la transparencia democrática en España. Mediante un mensaje en la red social ‘X’, Pedro Sánchez adelantó que el 24 de febrero el Gobierno procederá a la desclasificación de los documentos del 23F. Según el presidente, con esta medida se busca «cumplir una deuda histórica con la sociedad» y clarificar uno de los momentos más complejos de la Transición.
Una desclasificación excepcional ante el bloqueo legislativo
Esta acción se realiza mediante una decisión ejecutiva directa, opción contemplada por la actual Ley 9/1968 de Secretos Oficiales (una normativa franquista), pero que se enfrenta a la realidad parlamentaria. A pesar de la intención de aumentar la transparencia con los documentos del golpe, el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplazaría la ley de 1968, lleva siete meses paralizado en el Congreso.
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En julio de 2025, el ministro Félix Bolaños explicó que se esperaba que la norma entrase en vigor en el último trimestre de 2026. No obstante, el ritmo actual en la cámara baja ha disminuido las expectativas de una reforma estructural que automatice estos procesos.
Cambios previstos con la nueva regulación
El contraste entre la legislación vigente y el proyecto de ley que permanece detenido en el Congreso es evidente en términos de plazos y transparencia:
| Punto de comparación | Ley actual (1968) | Proyecto de Ley (2025) |
| Plazo máximo | Hasta 50 años (o indefinido por motivos de seguridad) | 45 años (ampliables 15 más) |
| Desclasificación | Discrecional, depende del Gobierno | Automática al cumplirse el plazo |
| Crímenes de lesa humanidad | Puede clasificarse | No estará sujeta a clasificación |
| Efecto retroactivo | No está contemplado | Desclasificación automática para documentos anteriores a 1980 |
Aspectos clave de los documentos del 23F
La apertura de estos archivos es muy esperada por historiadores y periodistas. Bajo la legislación vigente, únicamente el Consejo de Ministros o el Presidente del Gobierno pueden decidir hacer públicos estos documentos cuando el interés histórico prevalece sobre el riesgo para la seguridad nacional. Se prevé que los archivos aporten información inédita sobre las comunicaciones de los golpistas, informes de inteligencia previos y el rol específico de diferentes actores políticos y militares durante las horas críticas de 1981.
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