El embargo sobre la adquisición de armamento a Israel, aprobado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso el 8 de octubre, ha tenido una vigencia reducida a tres meses. En vísperas de las fiestas navideñas, el Consejo de Ministros otorgó el pasado martes una primera excepción a esta prohibición, autorizando la compra de tecnología israelí para cuatro proyectos militares de Airbus, basándose en una cláusula incluida en el real decreto que regulaba la medida.
Esta resolución ha reactivado el debate político y generado críticas desde la oposición y diversas organizaciones sociales. La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel —que incluye, entre otros colectivos, a la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Rescop)— expresó su rechazo públicamente dos días después de que se aprobara la excepción.
Las autorizaciones afectan a cuatro proyectos estratégicos de Airbus: el avión de transporte A400M, el avión cisterna para reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, el avión de vigilancia marítima C295 y el dron táctico Sirtap, este último el primero desarrollado completamente en España. Todos estos aparatos se ensamblan en las plantas de Getafe (Madrid) y San Pablo (Sevilla).
Fuentes militares indican que sin la tecnología israelí aprobada, estos proyectos no podrían concluirse en territorio español, lo que implicaría trasladar su finalización fuera del país. Airbus ya había alertado sobre esta situación al Gobierno durante las negociaciones parlamentarias del pasado septiembre.
El Ejecutivo defiende esta actuación argumentando el considerable potencial exportador e industrial de los programas implicados, así como la necesidad de preservar los intereses generales nacionales. El real decreto que estableció el embargo contemplaba excepciones cuando su aplicación causara un perjuicio grave a la industria, al empleo, a la economía o a la autonomía estratégica nacional.
A pesar de ello, la medida se presentó inicialmente como un «embargo total», con una excepción que se ha concretado poco más de dos meses después de su aprobación. La líder de Podemos, Ione Belarra, llegó a calificar el veto como un «embargo falso».
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió la decisión el domingo en una entrevista en TVE, señalando que no está relacionada con armamento, sino con una necesidad ligada a aspectos industriales, comerciales y de exportación relacionados con la tecnología israelí.
Las explicaciones no convencieron al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al Gobierno de falta de sinceridad. Para él, el Ejecutivo engañó a sus socios de Gobierno, a sus aliados parlamentarios y, lo que considera más grave, a la nación. «Este Gobierno miente tanto y durante tanto tiempo que ya lo damos por perdido», afirmó el dirigente popular.
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