La situación legal de Ángela Rafaela, agente de la Policía Local de Ceuta con 25 años de experiencia, ha experimentado un cambio tras que su defensa señalara supuestas irregularidades en el proceso judicial. De acuerdo con El Faro de Ceuta, la agente estuvo 11 meses en prisión provisional bajo una jurisdicción que, según su abogado, no era la adecuada.
Conflicto de competencia: ¿Violencia de género o instrucción ordinaria?
El reclamo principal gira en torno a la identidad registral de la agente. Ángela Rafaela realizó su cambio de género en junio de 2023, conforme a la Ley 4/2023. Puesto que ambas partes involucradas son mujeres según la ley en el momento de los hechos denunciados (febrero de 2024), la defensa sostiene lo siguiente:
- Competencia jurídica cuestionada: El caso se tramitó en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, aunque debería corresponder a un Juzgado de Instrucción ordinario.
- Falta de antecedentes: No existen denuncias ni hechos previos a su cambio registral que avalen la competencia de la jurisdicción especial.
- Derechos vulnerados: Mantener el caso en esa jurisdicción implicaría una infracción del derecho a ser juzgada por el juez ordinario estipulado legalmente.
Rechazo al argumento del «riesgo extremo»
Uno de los motivos para su ingreso en prisión —en un módulo masculino— fue el supuesto riesgo derivado de su condición como policía armada. No obstante, la defensa aportó una cronología administrativa que pone en duda esta justificación:
- Septiembre de 2023: La agente comenzó una baja médica.
- Noviembre de 2023: Entregó voluntariamente sus armas reglamentarias (Walther P-99 y Glock 19).
- Febrero de 2024: Se interpuso la denuncia.
Según el abogado Elías Yanes, el hecho de que la agente estuviera sin armamento desde hacía meses antes de la denuncia desacredita la hipótesis del «riesgo extremo» que justificó su detención preventiva de 11 meses.
Consecuencias familiares y custodia
La defensa relaciona la presentación de la denuncia por maltrato con una estrategia tras la solicitud de custodia compartida presentada por la agente el 5 de febrero de 2024. Destacan que un informe policial previo (enero de 2024) afirmó la inexistencia de incidentes violentos.
Actualmente, el principal objetivo de la defensa es restaurar la relación con sus hijos menores, interrumpida durante más de dos años. Afirman que se debe priorizar el «Interés Superior del Menor» para prevenir posibles daños irreversibles en el bienestar emocional de los niños tras tanto tiempo separados de su madre.
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