Una empleada pública del Gobierno de Canarias manifestó inquietudes acerca de la compra de mascarillas al empresario Aldama, reconocido como uno de los comisionistas principales en las adquisiciones de material sanitario durante la pandemia. En un intercambio interno, comentó: “¿Estamos seguros? Hemos encontrado opciones más económicas”, reflejando así su preocupación respecto al coste y la transparencia del contrato.
El expediente forma parte de la investigación actual sobre las compras de emergencia efectuadas en 2020, periodo en el que el Ejecutivo canario, liderado entonces por Ángel Víctor Torres —quien actualmente ocupa el cargo de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática—, gestionó la adquisición de insumos sanitarios bajo condiciones de urgencia.
De acuerdo con fuentes relacionadas con el caso, Torres mostró interés en facilitar el pago a Aldama tras enterarse de que el empresario consideraba presentar una denuncia por la falta de pago de las mascarillas. No obstante, el ministro ha señalado que sus acciones se limitaron a asegurar que los procedimientos administrativos se resolvieran conforme a la legalidad y sin interferir en las investigaciones.
El contrato con Aldama, que asciende a varios millones de euros, corresponde a las operaciones de emergencia aprobadas durante los primeros meses de la pandemia, cuando distintas administraciones públicas realizaron acuerdos rápidos para obtener material sanitario en un mercado global saturado y con precios elevados.
El caso sigue bajo investigación judicial para esclarecer eventuales irregularidades en la contratación y en los pagos relacionados con la empresa intermediaria, así como para determinar la posible responsabilidad de funcionarios y cargos públicos implicados.
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