Docentes y organizaciones alertan sobre el escaso apoyo institucional que reciben los coordinadores escolares de bienestar, un cargo instaurado hace tres años para prevenir la violencia educativa, que en muchos casos se ha convertido en una carga extra para el profesorado.
Amaya Matos, profesora de Biología en el IES Guadarrama con 16 años de trayectoria, también ha desempeñado la función de coordinadora de bienestar durante los últimos tres cursos, además de ejercer como jefa de estudios adjunta. Al igual que otros docentes, combina este rol con sus clases sin disponer de reducción de horario ni recibir remuneración adicional. “En mi caso, lo hago por vocación”, afirma.
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La figura del coordinador de bienestar fue establecida por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), con el objetivo de prevenir, identificar y actuar frente a casos de violencia en los centros escolares. No obstante, un informe reciente de la ONG Educo señala que su aplicación ha sido limitada, destacando la falta de tiempo, formación adecuada, compensación y criterios homogéneos a nivel nacional como principales dificultades.
En la práctica, estos coordinadores escuchan y acompañan a los estudiantes ante conflictos de convivencia, disputas, problemas emocionales graves y situaciones con riesgo de autolesiones o trastornos alimenticios. Matos subraya la relevancia de su función como referente para los alumnos: “Es esencial que los estudiantes tengan claro a quién acudir si enfrentan algún problema”.
El panorama educativo no facilita esta labor. Según el informe internacional TALIS, el 6% de los directores de secundaria en España reporta casos de intimidación o abuso verbal hacia el personal docente, mientras que el 18% informa de acoso escolar, cifras que sitúan al país ligeramente por encima o por debajo de la media de la OCDE, respectivamente.
Limitaciones en tiempo y formación
Expertos destacan que, además de intervenir en situaciones evidentes, el coordinador desempeña un papel fundamental en la prevención de riesgos. “Incorpora una perspectiva preventiva y de protección que antes no estaba estructurada en las escuelas”, explica Mónica Viqueira, de Educo. Sin embargo, para que esta tarea sea efectiva, se necesita contar con suficiente tiempo. UNICEF España recomienda dedicar al menos 23 horas semanales por cada 1.000 alumnos, un estándar que la mayoría no alcanza.
“Tenemos que compaginar la coordinación con otras responsabilidades. Finalmente, es algo que hacemos en los ratos libres, en la medida de lo posible”, comenta Matos. Este exceso de carga también reduce la accesibilidad de los alumnos, según Nacho Martínez, portavoz de UNICEF España: “En muchas ocasiones, la saturación impide que los estudiantes puedan contactar con los coordinadores”.
La formación resulta otro aspecto deficitario. Muchos docentes asumen el cargo sin preparación adecuada para identificar problemas de salud mental o situaciones de riesgo, recurriendo a cursos breves online. “Esto no es suficiente para un trabajo tan delicado”, indica Martínez. Matos añade que la función del coordinador no sustituye a profesionales especializados: “Podemos detectar y apoyar, pero no somos la solución. Se requieren psicólogos, psiquiatras y una mejor coordinación con los servicios sanitarios”.
Desigualdad entre comunidades autónomas
La LOPIVI delega en las comunidades autónomas la regulación de esta figura, lo que provoca discrepancias en apoyo, horas asignadas, formación y remuneración. Solo Canarias, Cataluña y Galicia ofrecen algún tipo de compensación económica. “La protección de la infancia debe ser un derecho que no dependa del territorio”, concluye Viqueira.
A tres años de su creación, la figura del coordinador de bienestar sigue siendo esencial, pero para que cumpla adecuadamente su función necesita disponer de tiempo, formación y respaldo institucional.
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