El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, instó a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia a emitir un comunicado denunciando una supuesta «campaña de presiones» contra el TC. Esta acción se produjo después de que el Tribunal Supremo lanzara dos advertencias sobre posibles investigaciones por prevaricación, en relación con el indulto encubierto a los condenados por los ERE del PSOE de Andalucía.
Según ha publicado Libertad Digital (LD), Conde-Pumpido envió un correo electrónico a Juezas y Jueces para la Democracia, organización que fundó, adjuntando una noticia del medio digital Infolibre, titulada «La derecha piensa ya en una causa contra el TC tras el intento del Supremo de descabezar la Fiscalía». En ella se hacía referencia a las advertencias del Supremo sobre la posible prevaricación de los magistrados del Constitucional.
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A raíz de este mensaje, el pasado 20 de febrero Juezas y Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que denunciaba «presiones» al Constitucional y defendía la independencia del órgano que preside Conde-Pumpido. El documento alertaba de la «erosión de las instituciones» y criticaba el uso del derecho penal como «herramienta de presión política».
El comunicado llegó apenas unos días después de que Conde-Pumpido, en un acto de homenaje al expresidente del TC Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, hiciera un llamamiento pidiendo que el Tribunal Constitucional pudiera ejercer sus funciones «sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder».
Polémica por la presión interna en el TC
El correo electrónico de Conde-Pumpido a Juezas y Jueces para la Democracia, publicado por LD, evidencia su implicación en la generación de una defensa pública frente a las advertencias del Supremo. La imagen del mensaje muestra que el presidente del TC envió la información a la cuenta oficial de la asociación, lo que refuerza la sospecha de que buscaba impulsar una reacción en su favor.
Desde diversos sectores judiciales se ha cuestionado la actitud de Conde-Pumpido, señalando que el Tribunal Constitucional, como garante de la Carta Magna, debe mantenerse al margen de injerencias políticas. Sin embargo, sus críticos consideran que su actuación busca blindarse frente a las advertencias del Supremo, lo que ha intensificado el enfrentamiento entre ambas instancias judiciales.
El caso ha reavivado el debate sobre la independencia del TC y la influencia de los partidos en las altas instituciones judiciales. Mientras que desde la izquierda se defiende la legitimidad del tribunal para interpretar la Constitución sin injerencias, sectores de la oposición consideran que Conde-Pumpido ha instrumentalizado el organismo en favor de intereses políticos determinados.
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