Bai Tianhui, antiguo gerente general de China Huarong International Holdings, fue ejecutado este martes tras ser declarado culpable de aceptar sobornos por un total de 1.100 millones de yuanes (unos 133 millones de euros). Este caso se enmarca en la continuada ofensiva anticorrupción que Pekín mantiene sobre el sector financiero y la administración pública.
Bai, quien dirigió Huarong, una filial del grupo estatal China Huarong Asset Management, fue sentenciado a muerte en mayo de 2024 por un tribunal chino que estableció que utilizó su posición para facilitar favores financieros a cambio de comisiones millonarias. Su ejecución cierra un proceso que ilustra la evolución de la empresa, que pasó de gestionar créditos problemáticos de pequeños bancos a convertirse en un complejo conglomerado financiero con prácticas poco transparentes.
Este caso remite al de Lai Xiaomin, ex presidente de Huarong, ejecutado en 2021 por malversar fondos públicos y aceptar sobornos por 1.790 millones de yuanes (217 millones de euros), uno de los mayores escándalos corporativos recientes en China.
En los últimos años, varios altos responsables del sector financiero han recibido penas capitales. Este mismo año, tanto el expresidente del Bank of China como el ex vicepresidente del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) fueron sentenciados a muerte por corrupción millonaria. La campaña anticorrupción china ha afectado a más de cinco millones de personas, incluyendo a cerca de un millón y medio de funcionarios, con el propósito de reforzar el control del Partido Comunista sobre el poder político y económico.
China mantiene la pena de muerte para delitos graves como corrupción y tráfico de drogas, con un número de ejecuciones que supera al resto del mundo sumado, según Amnistía Internacional. Todas las ejecuciones requieren la revisión del Tribunal Supremo y la fijación de la fecha de su aplicación, que puede efectuarse mediante inyección letal o fusilamiento.
