Ceuta ha iniciado un procedimiento formal para aliviar la saturación en sus centros de acogida. La Consejería de Presidencia y Gobernación ha solicitado al Gobierno central que declare a la ciudad en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que permitirá comenzar a redistribuir a los menores extranjeros no acompañados hacia otras comunidades autónomas. Esta acción sigue la iniciativa tomada anteriormente por el Gobierno canario.
En la actualidad, los centros ceutíes alojan a 520 menores extranjeros no acompañados, una cifra que supera ampliamente la capacidad ordinaria de 27 plazas establecida por el Gobierno central. La reciente reforma de la Ley de Extranjería establece la obligación de las comunidades autónomas de acoger a estos menores, y el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que define la capacidad de acogida de cada región y sus compromisos.
El decreto ha generado controversia política, pues once comunidades bajo gobiernos del PP han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Estos señalan que los criterios afectan negativamente a sus regiones y que Cataluña y el País Vasco quedan exentos de responsabilidades en la acogida. Los ministros Ángel Víctor Torres y Félix Bolaños han advertido que cualquier incumplimiento de la norma tendrá «consecuencias legales», lo que motivó críticas del PP por emplear un «lenguaje amenazante y chantajista».
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha optado por mantener prudencia y no hacer declaraciones públicas, a la espera de la evolución del mecanismo de reparto. Mientras tanto, funcionarios de la Administración General en Melilla valoran positivamente la medida, subrayando que ningún territorio deberá afrontar en solitario una presión migratoria que en ocasiones resulta insostenible.
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