El Gobierno de Ceuta ha emitido un nuevo y urgente llamado al Ejecutivo central tras la reciente llegada de 54 menores marroquíes no acompañados que accedieron irregularmente a la ciudad autónoma. La mayoría nadó hasta el espigón del Tarajal, incrementando la presión sobre un sistema de protección que ya se encuentra saturado: actualmente, Ceuta tutela a 460 menores, pese a contar solo con 132 plazas disponibles.
Este incremento coincide con el inicio de la temporada alta veraniega, cuando aumentan los intentos de entrada irregular de adolescentes provenientes de Tetuán, Tánger y otras áreas del norte de Marruecos. El viernes por la tarde, las fuerzas marroquíes impidieron que al menos 168 personas salieran al mar, aunque varios menores consiguieron evadir el control y alcanzar el litoral ceutí.
La Consejería de Presidencia y Gobernación desplegó efectivos de la Policía Local para localizar a los menores que la Guardia Civil no pudo interceptar. Algunos fueron hallados cerca del antiguo polígono industrial del Tarajal y alojados en centros de acogida temporales. Paralelamente, la Guardia Civil mantuvo un operativo activo en la costa, apoyado por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y con la colaboración de la Gendarmería Real de Marruecos.
Desde el gobierno de Juan Vivas (PP), se solicita una respuesta estructural del Estado. El presidente ceutí señala que, con el ritmo actual de llegadas, el plan de redistribución aprobado por el Consejo de Ministros —que contempla el traslado de 4.400 menores desde Ceuta y Canarias a partir del 28 de agosto— resultará insuficiente.
A esta presión migratoria se suma la próxima Feria de Ceuta, que tradicionalmente activa el dispositivo “Operación Feriante” para prevenir fugas clandestinas de menores escondidos en vehículos con destino a la península.
Actualmente, Ceuta cuenta con varios dispositivos extraordinarios para alojar a menores no acompañados, además de su infraestructura habitual. El centro principal, “La Esperanza”, gestionado por la Fundación SAMU, ha aumentado su capacidad, aunque aún no es suficiente. Por ello, permanecen en funcionamiento módulos de emergencia en Piniers y en antiguas naves del polígono del Tarajal, y se avanza en la rehabilitación de la antigua prisión de Los Rosales, que abrirá como nuevo centro de acogida en 2026.
El Ejecutivo local insiste en que la situación migratoria en la frontera sur plantea desafíos que exceden las competencias autonómicas. Vivas ha advertido que si no hay implicación de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Canarias seguirán asumiendo una carga insostenible, coincidiendo con el presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha criticado de “insolidaria e ilegal” la negativa de ciertas regiones a colaborar.
Ambos gobiernos denuncian que algunos ejecutivos autonómicos utilizan esta situación como instrumento de presión política. Advierten que la falta de corresponsabilidad podría provocar el colapso del sistema de protección a menores migrantes en España.
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