El Ejecutivo local manifiesta su desacuerdo con comunidades de su propia afinidad política y advierte sobre el colapso en los recursos destinados a la acogida. El gobierno central llevará el asunto al Tribunal Supremo.
Ceuta se encuentra aislada frente a la presión creciente que representa la atención a menores inmigrantes. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tenía previsto abordar un plan para reubicar menores desde territorios con recursos saturados, como Ceuta y Canarias, hacia otras comunidades autónomas, no pudo celebrarse este jueves por falta de quórum, ya que las comunidades gobernadas por el Partido Popular optaron por no asistir.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó esta ausencia, señalando que no solo bloquea una iniciativa gubernamental, sino que también implica «un rechazo hacia Canarias y los menores que deben ser acogidos conforme a la ley en otras regiones». Asimismo, acusó a algunas autonomías, como la Comunidad de Madrid, de obstaculizar el traslado de menores solicitantes de asilo, lo que obligará al Gobierno a solicitar el aval del Tribunal Supremo para garantizar la legalidad de las reubicaciones.
Ceuta se distancia del boicot del PP
El vicepresidente del Gobierno local de Ceuta, Alejandro Ramírez, expresó su «inconformidad» ante la postura de las comunidades del mismo partido y lamentó las consecuencias que esto tiene para la ciudad. «Esta situación no es favorable para nosotros. Para Ceuta, así como para Canarias, el tema de los menores es una prioridad», señaló.
Ramírez recordó que la Ciudad Autónoma ha tenido que activar medidas de emergencia para atender a los menores debido a la saturación de los recursos existentes. «Comprendemos que puedan existir desacuerdos sobre la financiación o el método, pero esto debería ser un asunto de Estado», afirmó.
Un sistema próximo al colapso
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, se reunió en Madrid con responsables del Ministerio de Juventud e Infancia pese a la suspensión de la Conferencia Sectorial. Durante la reunión, remarcó la gravedad de la situación: actualmente Ceuta acoge a 428 menores no acompañados, lo que representa una ocupación del 386% sobre la capacidad prevista.
«La presión sobre los recursos disponibles es insostenible», advirtió Gaitán, quien también mencionó que la proporción de menores acogidos por cada 1.000 habitantes es 24 veces mayor que la media nacional. La ciudad reclama mecanismos de corresponsabilidad territorial y apoyo estatal urgente para asegurar una atención digna.
Un reparto paralizado
El plan del Gobierno central contemplaba el traslado de cerca de 4.000 menores no acompañados desde Ceuta, Canarias y Melilla hacia otras regiones, sobre todo Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. No obstante, 10 comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha, se oponen al reparto y han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El Partido Popular argumenta que el modelo propuesto es arbitrario y pretende enfrentar a las comunidades autónomas, excluyendo a territorios como Cataluña y País Vasco, socios parlamentarios del Gobierno central. «Se trata de personas que requieren protección, no de paquetes que repartir», han señalado representantes del partido.
El Tribunal Supremo como recurso
Frente al bloqueo político y la falta de acuerdo, el ministro Torres anunció que el Ejecutivo solicitará el respaldo del Tribunal Supremo para implementar el reparto de menores de manera legal y garantizada. «La diferencia es clara: el Gobierno busca facilitar la acogida, el PP la impide», concluyó el ministro en un mensaje publicado en la plataforma X.
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