El ex número tres del PSOE argumenta que su detención pretende obtener una confesión y alerta sobre una estrategia legal “inapropiada” similar al caso Aldama
La representación legal del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que denuncia que su encarcelamiento no está justificado por razones legales, sino que busca forzar una declaración. El documento, firmado por los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, reclama la liberación inmediata de Cerdán, basado en la ausencia de riesgo de destrucción de pruebas o interferencia en la investigación.
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El recurso indica que los magistrados del Tribunal Supremo que decidieron mantener la prisión preventiva han actuado con una “finalidad no conforme con la Constitución”, al emplear esta medida como presión para obtener evidencia incriminatoria o una confesión directa. Como precedente, se menciona el caso del empresario Víctor de Aldama, quien recuperó la libertad tras colaborar con la Justicia en la Audiencia Nacional.
Cerdán, descrito por sus abogados como un investigado “modelo”, renunció a su escaño de diputado y ha colaborado con las autoridades judiciales, lo que, según el recurso, descarta cualquier riesgo de entorpecer la diligencia. Asimismo, se destaca que las pruebas en su contra se basan en grabaciones incautadas al exasesor Koldo García, cuya veracidad no ha sido confirmada.
El escrito compara su situación con la de otros implicados que permanecen en libertad, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y varios empresarios bajo investigación. La defensa denuncia un trato desigual y recalca que Cerdán ha cesado en sus funciones y no posee influencia.
También se cuestiona que la UCO indagara sobre las visitas que recibe el exdirigente socialista en Soto del Real, y se interpreta esta acción como una posible vulneración del derecho a la defensa.
Aunque normalmente el Tribunal Constitucional exige agotar la vía judicial ordinaria antes de admitir recursos, en esta ocasión la defensa argumenta que no existe otro recurso disponible respecto a la prisión provisional, la cual se ha extendido durante varios meses. Por ello, se solicita una medida cautelar que ordene su liberación antes de que se supere el plazo legal de seis meses sin juicio.
La defensa pone de relieve la importancia constitucional, política y social del caso, recordando que Cerdán fue el número tres del PSOE y un interlocutor clave con partidos como Junts per Catalunya. Se subraya que el asunto impacta directamente en uno de los pilares del Gobierno de coalición.
Ahora, el Tribunal Constitucional debe resolver si admite el recurso y si concede la medida cautelar pedida, que fundamenta que la prisión de Cerdán vulnera derechos fundamentales en un Estado de derecho.
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