Tras siete años de la inauguración de la prisión de Fuerte Mendizábal, la mayoría de sus celdas siguen cerradas, mientras los ceutíes cumplen penas en Andalucía y los programas de reinserción brillan por su ausencia. CCOO critica la falta de personal y recursos en la prisión, y exige al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno que actúen para poner en marcha unas infraestructuras que llevan años en desuso
En las últimas semanas, durante las celebraciones del “Día de Ceuta” y la Fiesta de Instituciones Penitenciarias, hemos asistido a una serie de actos cargados de simbolismo y declaraciones vacías sobre el papel de las prisiones en la reinserción social y el cumplimiento del deber. Sin embargo, para Comisiones Obreras (CCOO), la realidad penitenciaria de Ceuta dista mucho de las palabras grandilocuentes que se escucharon en estas ceremonias. A casi siete años de la inauguración de la prisión de Fuerte Mendizábal, la situación sigue siendo preocupante: dos terceras partes de sus celdas permanecen cerradas, los ceutíes condenados a penas privativas de libertad son trasladados a prisiones en Andalucía, y los servicios ofrecidos en Ceuta se quedan muy por detrás de los estándares del resto del país.
En 2017, durante la inauguración de la prisión, se anunció con bombo y platillo que la nueva instalación, con una inversión de 140 millones de euros, cubriría las necesidades penitenciarias de la ciudad. No obstante, la apertura completa de la prisión nunca llegó a materializarse. A día de hoy, más de 400 celdas continúan clausuradas, y los recursos humanos son insuficientes, lo que afecta directamente a la calidad del servicio y a la seguridad de los propios funcionarios.
CCOO denuncia que este abandono no solo perjudica a los funcionarios de vigilancia, quienes enfrentan situaciones cada vez más difíciles y arriesgadas debido a la falta de personal, sino también a los internos, quienes, por derecho, deberían estar integrados en un sistema que favorezca su reinserción en la sociedad. Desde la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria en 1978, los centros penitenciarios tienen como objetivo no solo castigar, sino también facilitar el cambio y la rehabilitación de los internos. Sin embargo, según el sindicato, este principio se incumple en Ceuta.
Carencias estructurales y abandono de programas de reinserción
La prisión de Fuerte Mendizábal se diseñó siguiendo un nuevo modelo que permite una gestión diferenciada de la población penitenciaria, separando a jóvenes de adultos, a primarios de reincidentes y ofreciendo módulos de respeto y terapéuticos. En la práctica, estas instalaciones deberían permitir un trato individualizado y acorde con las necesidades de los internos, incluidos aquellos condenados por delitos específicos como violencia de género, delitos contra la seguridad vial o agresiones sexuales. En los centros penitenciarios del resto del Estado, estos programas son obligatorios y fundamentales para garantizar la reinserción. Desafortunadamente, en Ceuta, la realidad es muy diferente.
Los jóvenes internos conviven con adultos, los primarios con reincidentes, y no existe un módulo específico para atender a la creciente población con problemas de adicciones y enfermedades mentales. A esta falta de recursos se suman los talleres cerrados y la ausencia de programas como el de reinserción para condenados por violencia de género (PRIA), a pesar de que este último es de carácter obligatorio por exigencia judicial.
Exigencias de CCOO a las autoridades competentes
Ante esta situación, desde CCOO se exige al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto y que, de manera urgente, abra las más de 400 celdas cerradas en Fuerte Mendizábal y dote a la prisión del personal necesario para operar con normalidad. Según el sindicato, este abandono ha generado una situación insostenible que no solo afecta a la calidad del servicio, sino que pone en riesgo la seguridad de los funcionarios, quienes ya están sobrecargados de trabajo. Tanto los funcionarios como los internos son, en palabras de CCOO, «las auténticas víctimas» de la desidia institucional.
Asimismo, el sindicato llama la atención sobre la responsabilidad de la Delegada del Gobierno y de la Dirección de la prisión. Aunque Ceuta cuenta con las infraestructuras necesarias desde hace siete años para prestar un servicio adecuado a la población penitenciaria, CCOO lamenta que, a día de hoy, estas instalaciones sigan en desuso. En este sentido, instan a las autoridades a que dejen de lado las celebraciones y condecoraciones vacías y se centren en resolver los problemas reales que enfrenta la prisión y su personal.
La situación en Fuerte Mendizábal es un reflejo, según CCOO, de la dejadez con la que las instituciones han gestionado las necesidades penitenciarias de Ceuta. «Es hora de que se cumpla la ley y que se ofrezca a los ceutíes un servicio público digno y en igualdad de condiciones al del resto del Estado», concluyen desde el sindicato.
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