La compañía española Telefónica estará bajo supervisión de Estados Unidos durante tres años, lo que afectará sus operaciones y política de retribuciones, tras el pago de una multa millonaria.
Enero de 2015, Venezuela. El país atraviesa una grave crisis económica, con la población haciendo largas filas para adquirir alimentos y productos básicos. Mientras millones enfrentan inflación y escasez, altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro y sus familias disfrutan de unas vacaciones de lujo en la isla caribeña de San Bartolomé, financiadas con más de un millón de dólares. El origen de esos fondos: sobornos por valor de 28 millones de dólares, gestionados a través de la empresa española Telefónica.
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El caso ha sido revelado en documentos judiciales tras un acuerdo de Telefónica con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La compañía española, que pagará una multa de 85,26 millones de dólares, aceptó su responsabilidad en el esquema de sobornos que involucró a altos funcionarios del gobierno venezolano. Sin embargo, los nombres de los implicados no se hicieron públicos. Según los documentos, Telefónica facilitó los sobornos para asegurar el acceso a dólares a una tasa de cambio preferencial, por lo que ahora quedará bajo vigilancia especial del Departamento de Justicia estadounidense hasta 2026.
Para llevar a cabo el esquema, se utilizaron empresas fachada en Panamá y cuentas bancarias en Nueva York, lo que permitió a las autoridades estadounidenses descubrir el esquema de corrupción. A través de este montaje, los beneficiarios recibieron comisiones del 25% sobre contratos de millones de dólares para adquirir equipos de proveedores. Los sobornos fueron, en muchos casos, disfrazados como pagos por servicios de consultoría, de acuerdo con la investigación.
La sanción impuesta a Telefónica no solo incluye la multa, sino también una vigilancia estricta que exige a la empresa a cumplir con requisitos específicos, como la presentación de informes de sus políticas anticorrupción y sus medidas de control interno. Esta situación implica que, de realizar cualquier operación corporativa significativa, como fusiones o adquisiciones, la compañía debe asegurarse de que el comprador cumpla con las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia. También deberá notificar con 30 días de anticipación cualquier transacción relevante.
Además, la compañía debe revisar su política de retribuciones, incluyendo criterios de cumplimiento normativo en los sistemas de bonificación y asegurar que su código de conducta y políticas anticorrupción se cumplan en todas las áreas de la organización. Telefónica deberá seguir estos lineamientos estrictamente durante los tres años de supervisión; en caso de incumplimiento, podría enfrentarse a consecuencias legales adicionales.
En 2015, Telefónica informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba realizando una investigación interna sobre posibles violaciones de leyes anticorrupción, sin ofrecer detalles específicos. Desde entonces, la compañía aseguró estar colaborando con las autoridades, aunque en ese momento descartó que las sanciones impactaran materialmente en su situación financiera.
