La Comisión Europea ha señalado que diversas entidades españolas dedicadas a la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia disponen de recursos humanos y económicos insuficientes. El informe más reciente sobre el Estado de derecho en España destaca que la carencia de nuevos Presupuestos Generales dificulta el desempeño del Consejo de Transparencia y de la Autoridad de Protección del Informante.
Las alertas de Bruselas se centran en dos organismos fundamentales para detectar irregularidades en la Administración: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).
La Comisión Europea indica que estas entidades enfrentan un aumento en la carga laboral sin contar con los recursos adecuados para garantizar sus funciones con total eficacia.
Este problema ya fue destacado en análisis anteriores realizados por la misma Comisión y por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
Transparencia registra un incremento del 40% en las reclamaciones
El Consejo de Transparencia gestiona las reclamaciones ciudadanas cuando una administración no responde de manera adecuada a las solicitudes de información pública.
El informe de Bruselas recoge que el organismo admite contar con un presupuesto limitado, circunstancia que dificulta su labor ante el aumento sostenido de reclamaciones.
En 2025 se registraron 2.767 nuevas reclamaciones, en comparación con las 1.973 del año anterior. Este dato implica un crecimiento cercano al 40% en un solo año.
En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un anteproyecto de Ley de Administración Abierta donde se establece por primera vez al Consejo de Transparencia como una autoridad administrativa independiente.
Dicha reforma busca dotar al organismo con nuevas potestades sancionadoras y la facultad para supervisar el cumplimiento de la normativa sobre transparencia. La propuesta, no obstante, está pendiente de su trámite en el Parlamento.
Una de las limitaciones principales del consejo ha sido hasta el momento su poca capacidad para exigir a las administraciones que acaten sus resoluciones cuando estas desatienden o demoran las solicitudes de acceso a la información.
La autoridad de protección de informantes mantiene puestos vacantes
La Comisión Europea también expresa dudas sobre los recursos asignados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, creada para salvaguardar a quienes reportan posibles infracciones legales o hechos de corrupción.
El informe señala que esta entidad comenzó a operar con limitaciones en personal y presupuesto. La falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado ha obligado a financiar sus actividades mediante un acuerdo provisional.
La AIPI cuenta oficialmente con 23 plazas, pero varias siguen sin ser ocupadas. De acuerdo con los datos, al menos cuatro puestos permanecen vacantes.
Desde septiembre de 2025, la autoridad ha recibido más de 400 denuncias, promediando unas cuatro diarias, y ha emitido más de veinte certificados de protección.
La institución considera insuficientes sus recursos para atender una carga creciente de trabajo.
Bruselas solicita mejorar la protección de los denunciantes
El informe europeo también revela posibles carencias en los servicios ofrecidos a quienes informan sobre irregularidades.
Entre las deficiencias se incluyen la falta de apoyo económico y psicológico, así como posibles limitaciones en los sistemas tecnológicos para garantizar el anonimato de los informantes.
La Comisión también destaca la complejidad del esquema español, donde ocho comunidades autónomas cuentan con organismos propios de protección.
Estas entidades varían en su naturaleza jurídica, competencias y ámbito de actuación, lo que podría dificultar una respuesta uniforme a nivel nacional.
La implementación de la AIPI sufrió demoras
La creación de esta autoridad en España surgió como respuesta a una directiva europea aprobada en 2019.
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UNIRME GRATIS AL CANALEspaña incorporó dicha directiva a su normativa en 2023. El estatuto de la entidad se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2024 y se designó como presidente a Manuel Villoria.
Los retrasos ocasionaron que la institución permaneciera inactiva durante varios años después de la aprobación comunitaria.
Esta tardanza ha sido uno de los puntos señalados en evaluaciones internacionales sobre las políticas españolas de prevención de la corrupción.
Las reformas legislativas están pendientes en el Congreso
El Gobierno ha valorado los progresos del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado tras la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán.
No obstante, varias medidas anunciadas siguen sin aplicarse o deben superar el proceso parlamentario, en el que el Ejecutivo carece de una mayoría estable.
La advertencia de Bruselas enfatiza que las reformas requieren contar con presupuesto, recursos humanos y poder sancionador efectivo.
Sin estos elementos, las entidades encargadas de supervisar la Administración, proteger a los denuncian-tes y garantizar el acceso a la información pública podrían no cumplir plenamente con sus responsabilidades.
