Los líderes de la Unión Europea se congregan este jueves en Bruselas para debatir sobre la urgente demanda financiera de Ucrania, que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), podría necesitar entre 114.000 y 160.000 millones de euros durante los próximos tres años para mantener su defensa ante la ofensiva rusa.
El uso de los activos rusos congelados, que alcanzan un total de 185.000 millones de euros, es un punto clave en la agenda, pues estos recursos podrían emplearse para apoyar a Ucrania sin que recaiga la carga económica sobre los ciudadanos europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso establecer un préstamo para la reconstrucción administrado por el Banco Central Europeo, que Ucrania saldaría una vez que Rusia asuma los gastos de la reparación.
No obstante, esta iniciativa genera reservas. El primer ministro belga, Bart de Wever, manifestó inquietud acerca de posibles represalias por parte de Moscú y los desafíos legales vinculados a la “confiscación” de estos activos, en tanto que Euroclear, la entidad que gestiona la mayoría de estos fondos, está radicada en Bélgica. Por otro lado, el BCE todavía no ha expresado un aval completo sobre la factibilidad del plan.
Desde la diplomacia europea se advierte que quedan por resolver varios puntos: establecer las garantías de los Estados miembros, analizar los riesgos de responsabilidad internacional y definir en qué se invertirá el dinero, dando prioridad a armamento europeo sin circunscribirse exclusivamente a la producción local, ya que ciertos componentes tecnológicos críticos no pueden ser fabricados con rapidez en Europa.
La intención de Bruselas es iniciar la transferencia de fondos a Ucrania a partir del segundo trimestre de 2026, aunque la complejidad del esquema y la necesidad de un consenso político entre todos los países miembros podrían ocasionar demoras en su ejecución.
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