Benidorm podría estar cerca de enfrentar una situación económica crítica debido a un conflicto legal que se extiende por más de 20 años y que podría implicar un coste para el Ayuntamiento de hasta 340 millones de euros, cifra que supera ampliamente el doble de su presupuesto anual.
Para mitigar el impacto financiero, el Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Constitucional con una petición para detener la ejecución de la sentencia vinculada a unos terrenos cuya propiedad está en disputa. Esta decisión judicial podría obligar al consistorio a afrontar pagos que multiplican sus compromisos económicos, poniendo en peligro el mantenimiento de los servicios públicos y la estabilidad financiera local.
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Especialistas advierten que, si la sentencia se confirma, sería uno de los mayores impactos económicos que ha sufrido un municipio español en los últimos tiempos. Por su parte, la administración municipal espera que la intervención del Tribunal Constitucional proporcione un margen para negociar o replantear la situación antes de que se vuelva irreversible.
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