La presidenta regional comunica ante la Asamblea de Madrid la presentación del recurso para detener lo que considera «turismo sanitario» y un riesgo para los servicios públicos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó este jueves que su Ejecutivo impugnará el real decreto aprobado en 2026 por el Gobierno central, que reinstaura el derecho a la atención médica para los inmigrantes en situación irregular. En su intervención durante el pleno de la Asamblea regional, Ayuso justificó el recurso como una acción para preservar la viabilidad del sistema sanitario público madrileño.
«Rechazo el turismo sanitario y la intención del Gobierno de Sánchez de saturar nuestros servicios públicos», afirmó la presidenta, quien considera que la normativa estatal pretende «deteriorar y desestructurar» el sistema sanitario de la comunidad. El decreto, aprobado en Consejo de Ministros en marzo, establece el acceso universal a los servicios de salud para todas las personas extranjeras en España, sin importar su estatus legal o administrativo.
Un sistema nacional estandarizado para asegurar la cobertura sanitaria
La regulación del Gobierno central implementa un procedimiento común en todo el país para garantizar la atención sanitaria financiada con fondos públicos. Según el decreto, las personas solicitantes deben acreditar que no cuentan con cobertura alternativa, que no pueden trasladar el derecho desde sus países de origen y que no existe un tercero responsable del pago. Además, incluye medidas para personas con discapacidad, como formatos accesibles para la firma de documentos.
En respuesta a preguntas del grupo Vox, Ayuso distinguió entre la atención humanitaria y la gestión migratoria. Indicó que velará por que nadie fallezca «en las puertas de un hospital», calificando esa situación de «inhumana». Sin embargo, señaló que las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez promueven una regularización migratoria «sin controles adecuados» que generan desorden e ilegalidad.
Discrepancias con Vox y límites competenciales
La sesión parlamentaria destacó por el debate entre Ayuso y la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien afirmó que se han atendido en Madrid más de 700.000 inmigrantes irregulares desde 2019 y cuestionó el impacto económico de estos servicios. La presidenta respondió negando estas cifras y acusó a Moñino de utilizar «demagogia», recordando que la Comunidad de Madrid no tiene competencia en temas de fronteras, extranjería ni políticas migratorias.
«Estas decisiones corresponden al Gobierno central», enfatizó Ayuso, instando a Vox a colaborar en la crítica a la gestión estatal en lugar de responsabilizar a la administración regional. Por otro lado, Pérez Moñino insistió en que Madrid «no puede convertirse en el hospital del mundo» y advirtió sobre la posibilidad de saturación de los servicios públicos debido a políticas migratorias abiertas.
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