Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber orquestado un caso judicial contra su pareja, Alberto González Amador, con el objetivo de destruirla políticamente. Estas declaraciones se realizaron durante su visita oficial a Corea del Sur, en respuesta a una publicación del diario ABC.
Según la información difundida por ABC, Moncloa habría filtrado al líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, una supuesta confesión de delitos fiscales por parte de la pareja de Ayuso. Sin embargo, Lobato se negó a utilizar esta información en una sesión de control en la Asamblea de Madrid y decidió depositar los mensajes en una notaría.
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Ayuso ha calificado esta situación como una «utilización de los poderes del Estado» para destruir a un adversario político, algo que considera inaceptable en cualquier democracia. Para ella, el Gobierno de Sánchez está sumido en corrupción y escándalos, lo que debería llevar a su caída inmediata.
Por su parte, Juan Lobato ha desmentido haber recibido documentos secretos de Moncloa sobre el novio de Ayuso. En un comunicado, aseguró que ni él ni los socialistas madrileños habían recibido información de la Fiscalía sobre el caso. Lobato ha sido citado como testigo en el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
El Partido Popular ha exigido a Lobato que muestre el acta notarial de su conversación con Pilar Sánchez Acera para verificar que no se utilizó información filtrada de manera delictiva. Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha insistido en que se trata de un ataque personal desde las instituciones del Estado contra Ayuso.
Fuentes del PP también han acusado a Sánchez de cometer errores en su persecución del partido, implicando a su jefe de gabinete y al fiscal general del Estado en la filtración de información confidencial. Han solicitado la dimisión del fiscal general, argumentando que la Fiscalía debe perseguir delitos, no cometerlos.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que Álvaro García Ortiz está «inhabilitado» para seguir al frente de la Fiscalía debido a su implicación en este caso. Según Gamarra, esto no es lo que necesita la democracia española.
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