El Ejecutivo ha señalado un incremento considerable en la ocupación de inmuebles que han sido confiscados por el Estado tras sentencias vinculadas al narcotráfico.
Muchas de estas propiedades, que permanecen deshabitadas o bajo la custodia del Estado, están siendo invadidas por personas que rehúsan desalojarlas. Esta situación ha sido denominada como el fenómeno de los “narcookupas”.
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Las autoridades destacan que este problema representa un reto adicional en la gestión de estos bienes, ya que combina cuestiones de seguridad con la necesidad de asegurar la correcta administración de recursos públicos. Además, la resistencia al desalojo por parte de los ocupantes ha dificultado los procesos legales y suscitado preocupación entre las administraciones locales afectadas.
El Gobierno está evaluando medidas para acelerar los desalojos y fortalecer la vigilancia de estas viviendas, con el fin de evitar que sirvan como focos de conflicto o actividades ilegales.
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