Ceuta, 20 de agosto de 2025. – La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recurrido a Naciones Unidas para denunciar la vulneración de derechos sufrida por una agente de la Guardia Civil, víctima de violencia sexual, acoso laboral y maltrato continuo por parte de un superior jerárquico, condenado hace poco a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo.
La organización formalizó una queja ante el Procedimiento de Comunicaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU, señalando que la institución abandonó a la víctima a pesar de las denuncias internas, los informes de mandos y los testimonios de compañeros. Desde AUGC destacan que el protocolo vigente contra el acoso no se activó y que las autoridades correspondientes eligieron ignorar la situación.
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Incumplimiento normativo en la protección
La asociación critica un «incumplimiento notable» de las legislaciones que amparan a las víctimas de violencia de género, incluyendo:
- La Ley Orgánica 1/2004, que obliga a intervenir ante indicios de violencia.
- La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, que asegura protección, ayuda y reparación.
- Los protocolos internos de la Guardia Civil sobre acoso, cuya aplicación –según AUGC– habría mitigado considerablemente el perjuicio causado.
Al presente, la víctima no ha recibido ninguna compensación económica ni del agresor ni de la institución, declarada responsable subsidiaria en la sentencia.
Responsabilidad de la institución
AUGC enfatiza en su denuncia que este caso no se limita a un delito individual, sino que representa una serie de omisiones dentro de la Guardia Civil. Entre ellas, se identifican mandos y personal del EMUME que conocían los hechos y no actuaron, denuncias internas archivadas sin investigación y compañeros sancionados por alertar sobre la situación.
“La cultura del silencio y la falta de credibilidad hacia la víctima agravaron el daño sufrido”, afirma la asociación.
Petición ante Naciones Unidas
La organización ha planteado diversos requerimientos a la ONU:
- Reparación completa y pronta para la víctima.
- Revisión urgente de los protocolos contra el acoso en la Guardia Civil, con participación externa y tramitación al margen de la cadena jerárquica.
- Que los casos de violencia de género y acoso sean juzgados por tribunales independientes, libres de influencia militar.
- Reconocimiento internacional de que este caso constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Investigación y sanción por la inacción institucional.
Un desafío estructural
AUGC concluye que este caso “no es un incidente aislado”, sino la manifestación de una estructura jerárquica que fomenta el silencio y la impunidad ante la violencia contra las mujeres dentro de la Guardia Civil. Por ello, solicita a Naciones Unidas que inste al Estado español a cumplir rigurosamente sus compromisos nacionales e internacionales en materia de igualdad y protección frente a la violencia de género.
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