Los promotores sostienen que Devuélveme mi país vulneraría la legislación sobre discursos de odio, mientras el título lidera las ventas en Amazon España desde su lanzamiento y agotó su primera edición en horas
Varias asociaciones y colectivos de izquierdas han iniciado una campaña pública de recogida de firmas para solicitar a Amazon España la retirada del libro Devuélveme mi país, firmado por Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF). Los impulsores de la iniciativa califican la obra como un “manual de odio ultraderechista” y reclaman que “la legislación en materia de odio debe actuar” para impedir su comercialización abierta.
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La petición se ha difundido a través de comunicados y plataformas de firmas, en los que se insta a la multinacional a revisar el contenido del libro y adoptar medidas conforme a sus políticas internas y al marco legal vigente. Los convocantes alegan que determinados pasajes podrían fomentar la hostilidad o la discriminación, extremo que no ha sido acreditado por resolución judicial alguna.
En paralelo, fuentes editoriales señalan que el título se ha situado como el libro más vendido de Amazon España desde su primer día en venta, y que la primera edición se agotó en aproximadamente diez horas, datos que reflejan una elevada demanda inicial y han avivado el debate público sobre los límites entre libertad de expresión, responsabilidad de las plataformas y control de contenidos.
Marco legal y precedentes
En España, la retirada de libros del mercado no se produce de forma automática por campañas de presión, sino que suele requerir decisiones judiciales o medidas cautelares adoptadas por un juez. El artículo 510 del Código Penal contempla sanciones para la distribución de materiales que inciten de manera directa y efectiva al odio contra grupos protegidos, si bien su aplicación exige una valoración estricta del contenido y del contexto.
Existen antecedentes técnicos de paralización o retirada temporal de obras por orden judicial: el secuestro cautelar del libro Fariña en 2018 —posteriormente revocado— o la suspensión de títulos en procesos por vulneración del honor, la intimidad o derechos de las víctimas. En estos casos, la actuación se basó en mandatos judiciales concretos, no en peticiones ciudadanas.
Por el momento, ni Amazon ni el autor han anunciado cambios en la disponibilidad del libro. La campaña de firmas continúa abierta mientras el debate se traslada al terreno jurídico y al escrutinio público sobre la compatibilidad entre ventas masivas, políticas de plataforma y el alcance real de la legislación sobre discursos de odio.
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