La Justicia argentina ha tomado un paso sin precedentes al pedir formalmente a Estados Unidos la extradición del expresidente venezolano Nicolás Maduro, para que sea juzgado en tribunales argentinos por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato en Venezuela.
La solicitud fue firmada este miércoles por el juez federal Sebastián Ramos, quien desde 2023 investiga un caso basado en una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). Este procedimiento se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, que autoriza a la justicia argentina a investigar delitos graves contra los derechos humanos aunque hayan ocurrido fuera del país y hayan sido perpetrados por extranjeros.
Se envió un exhorto internacional al gobierno estadounidense con el fin de que Maduro —presuntamente detenido y trasladado a Estados Unidos a comienzos de enero— pueda ser entregado a la Justicia argentina para ser interrogado por las acusaciones en su contra.
En septiembre de 2024, el mismo juez ordenó la captura internacional de Maduro y de altos funcionarios venezolanos, entre ellos el ministro del Interior Diosdado Cabello, tras establecer que la dirigencia del régimen llevó a cabo un “plan sistemático y organizado a lo largo del tiempo” contra civiles mediante prácticas de persecución, secuestro, tortura y asesinato.
El fiscal federal argentino Carlos Stornelli apoyó la petición de extradición luego de la detención de Maduro en Estados Unidos, solicitando que se active el proceso legal para que el exmandatario responda ante la Justicia argentina.
Este caso se suma a las causas que Maduro enfrenta en Estados Unidos por narcoterrorismo y otros delitos federales, lo que plantea un escenario legal complejo donde la cooperación internacional será fundamental para definir si el líder venezolano es finalmente entregado a las autoridades argentinas.
Esta iniciativa judicial representa un hecho relevante en la aplicación del derecho internacional y el combate a los delitos de lesa humanidad, manifestando el compromiso de Argentina con la justicia más allá de sus fronteras.
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