Las recientes observaciones del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, han generado un contexto favorable para el avance de la ley de amnistía y para el posible regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont a España. Spielmann indica que la legislación cumple con las directrices del derecho europeo, aunque señala que ciertos aspectos podrían considerarse «incompatibles».
Entre los puntos principales, destaca que la ley de amnistía no debe interpretarse como una «autoamnistía». También descartó que los costes vinculados al proceso independentista hayan afectado negativamente las finanzas de la Unión Europea. Sin embargo, manifestó inquietudes acerca de algunas disposiciones que podrían contravenir el derecho a la tutela judicial efectiva.
Aunque la opinión del abogado general es relevante, es importante mencionar que no es vinculante. Normalmente, estas conclusiones orientan la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyo fallo se espera en las próximas semanas o meses, según RTVE.
Actualmente, tanto el TJUE en Luxemburgo como el Tribunal Supremo español enfrentan responsabilidades importantes. El Supremo debe decidir sobre la aplicación de la ley de amnistía en las condiciones actuales y determinar si se levanta la orden de detención contra Puigdemont.
El Tribunal Supremo tendrá que valorar si existen obstáculos que impidan el regreso efectivo de Puigdemont y decidir sobre la anulación de la inhabilitación que afecta a Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas más relevantes.
Por su parte, el Tribunal Constitucional también está involucrado en asuntos relevantes relacionados, como el posible perdón en casos de malversación. Este tribunal ha decidido posponer el examen de los recursos presentados por los líderes del proceso hasta principios del próximo año.
Las reacciones de los partidos independentistas respecto a las conclusiones del abogado general han sido positivas. Puigdemont expresó en redes sociales que dichas conclusiones evidencian una estrategia de retraso y manipulación dirigida a impedir la aprobación de la ley de amnistía. No obstante, desde Junts subrayaron que este respaldo no modifica su relación con el PSOE, señalando que la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez depende del cumplimiento de los acuerdos establecidos.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, mostró optimismo sobre el predominio de la razón en el análisis de su situación y reconoció la necesidad de corregir las injusticias cometidas. Con la cuestión de la amnistía en el centro, Junqueras ha iniciado una gira para posicionarse como posible candidato de su partido en futuras elecciones catalanas.
Desde el Gobierno español, las valoraciones también han sido favorables. Félix Bolaños, ministro de Justicia, calificó las conclusiones como una «victoria clara», aunque resaltó que no son obligatorias. Esta posición coincide con la del Ejecutivo, que defiende que la ley de amnistía es conforme al marco europeo. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido una aplicación rápida y sin condiciones de la ley, destacando que beneficiaría tanto a Cataluña como a España.
