Amnistía Internacional ha divulgado este jueves 28 nuevos incidentes de agresiones, humillaciones y malos tratos dirigidos a migrantes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en Ceuta, aumentando a 50 el total de casos registrados tras la llegada masiva ocurrida a finales de julio. El informe publicado hoy por la organización señala que 18 de estos hechos sucedieron tras el anuncio del Ministerio de Defensa sobre la apertura de una investigación interna iniciada por la primera denuncia de la ONG, aunque no se ha recibido información oficial acerca de su progreso.
Los procesos judiciales continúan activos en varios juzgados de Ceuta a raíz de las primeras denuncias y de las noticias divulgadas por elDiario.es. Asimismo, el informe —realizado tras una visita en la zona entre el 23 y el 26 de octubre— incluye siete casos adicionales de presuntos malos tratos atribuidos a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha remitido el informe de Amnistía a la Fiscalía con el objetivo de proteger la imagen de las Fuerzas Armadas.
El documento incluye diez testimonios nuevos sobre torturas y tratos crueles previos al anuncio de la investigación por Defensa, resaltando cuatro casos considerados especialmente graves. La organización describe un patrón que consiste en inmovilizar a las víctimas con bridas y transportarlas en vehículos militares hacia lugares apartados. Entre los relatos se encuentra el de un joven de 20 años que realizaba actos de mimo en la calle, quien narró haber sido llevado a una zona aislada por un grupo conformado por entre 16 y 17 soldados, donde fue desnudado, grabado con un teléfono móvil y amenazado con un arma para que bailara.
La investigación también documenta el uso de puñetazos, patadas, defensas reglamentarias y pistolas táser contra personas que dormían en la vía pública, agresiones atribuidas principalmente a miembros del Tercio de Regulares. Las pruebas fotográficas, los testimonios y los informes médicos aportados evidencian lesiones como fracturas en extremidades y en la órbita ocular, hematomas en la zona lumbar, erosiones y heridas en la cabeza. Entre las narraciones destaca la de un hombre que recibió descargas con pistola táser en el pecho en la carretera de Sidi Embarek, y la de un ciudadano tunecino de 40 años que sufrió pérdida temporal de visión en un ojo tras ser agredido en la playa de Benítez.
Las agresiones también afectaron a menores, registrándose casos de contusiones en la cabeza que requirieron sutura hospitalaria, intentos de fractura intencionada en extremidades, además de la destrucción sistemática de teléfonos móviles, documentos personales y pertenencias. A esto se añade la denuncia por los registros policiales realizados en la sede de la ONG No Name Kitchen el 22 de octubre, que conllevó la detención de dos activistas acusados de repartir espray pimienta e incitar a ataques contra las fuerzas del orden, acusación que Amnistía considera falsa y dirigida a criminalizar la ayuda humanitaria.
La ONG ha cuestionado la actuación de la Fiscalía de Ceuta al solicitar prisión provisional para las dos activistas, contrastando esta rapidez con la aparente falta de avances en la investigación sobre las torturas por parte de militares. Amnistía Internacional ha pedido que se realice una investigación imparcial y urgente que contemple la suspensión provisional de los efectivos implicados, la identificación de responsabilidades penales y disciplinarias, y la implementación de medidas efectivas de protección para las víctimas y los testigos.
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El documento incluye diez testimonios nuevos sobre torturas y tratos crueles previos al anuncio de la investigación por Defensa, resaltando cuatro casos considerados especialmente graves. La organización describe un patrón que consiste en inmovilizar a las víctimas con bridas y transportarlas en vehículos militares hacia lugares apartados. Entre los relatos se encuentra el de un joven de 20 años que realizaba actos de mimo en la calle, quien narró haber sido llevado a una zona aislada por un grupo conformado por entre 16 y 17 soldados, donde fue desnudado, grabado con un teléfono móvil y amenazado con un arma para que bailara.
La investigación también documenta el uso de puñetazos, patadas, defensas reglamentarias y pistolas táser contra personas que dormían en la vía pública, agresiones atribuidas principalmente a miembros del Tercio de Regulares. Las pruebas fotográficas, los testimonios y los informes médicos aportados evidencian lesiones como fracturas en extremidades y en la órbita ocular, hematomas en la zona lumbar, erosiones y heridas en la cabeza. Entre las narraciones destaca la de un hombre que recibió descargas con pistola táser en el pecho en la carretera de Sidi Embarek, y la de un ciudadano tunecino de 40 años que sufrió pérdida temporal de visión en un ojo tras ser agredido en la playa de Benítez.
Las agresiones también afectaron a menores, registrándose casos de contusiones en la cabeza que requirieron sutura hospitalaria, intentos de fractura intencionada en extremidades, además de la destrucción sistemática de teléfonos móviles, documentos personales y pertenencias. A esto se añade la denuncia por los registros policiales realizados en la sede de la ONG No Name Kitchen el 22 de octubre, que conllevó la detención de dos activistas acusados de repartir espray pimienta e incitar a ataques contra las fuerzas del orden, acusación que Amnistía considera falsa y dirigida a criminalizar la ayuda humanitaria.
La ONG ha cuestionado la actuación de la Fiscalía de Ceuta al solicitar prisión provisional para las dos activistas, contrastando esta rapidez con la aparente falta de avances en la investigación sobre las torturas por parte de militares. Amnistía Internacional ha pedido que se realice una investigación imparcial y urgente que contemple la suspensión provisional de los efectivos implicados, la identificación de responsabilidades penales y disciplinarias, y la implementación de medidas efectivas de protección para las víctimas y los testigos.
Amnistía Internacional ha divulgado este jueves 28 nuevos incidentes de agresiones, humillaciones y malos tratos dirigidos a migrantes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en Ceuta, aumentando a 50 el total de casos registrados tras la llegada masiva ocurrida a finales de julio. El informe publicado hoy por la organización señala que 18 de estos hechos sucedieron tras el anuncio del Ministerio de Defensa sobre la apertura de una investigación interna iniciada por la primera denuncia de la ONG, aunque no se ha recibido información oficial acerca de su progreso.
Los procesos judiciales continúan activos en varios juzgados de Ceuta a raíz de las primeras denuncias y de las noticias divulgadas por elDiario.es. Asimismo, el informe —realizado tras una visita en la zona entre el 23 y el 26 de octubre— incluye siete casos adicionales de presuntos malos tratos atribuidos a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha remitido el informe de Amnistía a la Fiscalía con el objetivo de proteger la imagen de las Fuerzas Armadas.
El documento incluye diez testimonios nuevos sobre torturas y tratos crueles previos al anuncio de la investigación por Defensa, resaltando cuatro casos considerados especialmente graves. La organización describe un patrón que consiste en inmovilizar a las víctimas con bridas y transportarlas en vehículos militares hacia lugares apartados. Entre los relatos se encuentra el de un joven de 20 años que realizaba actos de mimo en la calle, quien narró haber sido llevado a una zona aislada por un grupo conformado por entre 16 y 17 soldados, donde fue desnudado, grabado con un teléfono móvil y amenazado con un arma para que bailara.
La investigación también documenta el uso de puñetazos, patadas, defensas reglamentarias y pistolas táser contra personas que dormían en la vía pública, agresiones atribuidas principalmente a miembros del Tercio de Regulares. Las pruebas fotográficas, los testimonios y los informes médicos aportados evidencian lesiones como fracturas en extremidades y en la órbita ocular, hematomas en la zona lumbar, erosiones y heridas en la cabeza. Entre las narraciones destaca la de un hombre que recibió descargas con pistola táser en el pecho en la carretera de Sidi Embarek, y la de un ciudadano tunecino de 40 años que sufrió pérdida temporal de visión en un ojo tras ser agredido en la playa de Benítez.
Las agresiones también afectaron a menores, registrándose casos de contusiones en la cabeza que requirieron sutura hospitalaria, intentos de fractura intencionada en extremidades, además de la destrucción sistemática de teléfonos móviles, documentos personales y pertenencias. A esto se añade la denuncia por los registros policiales realizados en la sede de la ONG No Name Kitchen el 22 de octubre, que conllevó la detención de dos activistas acusados de repartir espray pimienta e incitar a ataques contra las fuerzas del orden, acusación que Amnistía considera falsa y dirigida a criminalizar la ayuda humanitaria.
La ONG ha cuestionado la actuación de la Fiscalía de Ceuta al solicitar prisión provisional para las dos activistas, contrastando esta rapidez con la aparente falta de avances en la investigación sobre las torturas por parte de militares. Amnistía Internacional ha pedido que se realice una investigación imparcial y urgente que contemple la suspensión provisional de los efectivos implicados, la identificación de responsabilidades penales y disciplinarias, y la implementación de medidas efectivas de protección para las víctimas y los testigos.
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Los procesos judiciales continúan activos en varios juzgados de Ceuta a raíz de las primeras denuncias y de las noticias divulgadas por elDiario.es. Asimismo, el informe —realizado tras una visita en la zona entre el 23 y el 26 de octubre— incluye siete casos adicionales de presuntos malos tratos atribuidos a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha remitido el informe de Amnistía a la Fiscalía con el objetivo de proteger la imagen de las Fuerzas Armadas.
El documento incluye diez testimonios nuevos sobre torturas y tratos crueles previos al anuncio de la investigación por Defensa, resaltando cuatro casos considerados especialmente graves. La organización describe un patrón que consiste en inmovilizar a las víctimas con bridas y transportarlas en vehículos militares hacia lugares apartados. Entre los relatos se encuentra el de un joven de 20 años que realizaba actos de mimo en la calle, quien narró haber sido llevado a una zona aislada por un grupo conformado por entre 16 y 17 soldados, donde fue desnudado, grabado con un teléfono móvil y amenazado con un arma para que bailara.
La investigación también documenta el uso de puñetazos, patadas, defensas reglamentarias y pistolas táser contra personas que dormían en la vía pública, agresiones atribuidas principalmente a miembros del Tercio de Regulares. Las pruebas fotográficas, los testimonios y los informes médicos aportados evidencian lesiones como fracturas en extremidades y en la órbita ocular, hematomas en la zona lumbar, erosiones y heridas en la cabeza. Entre las narraciones destaca la de un hombre que recibió descargas con pistola táser en el pecho en la carretera de Sidi Embarek, y la de un ciudadano tunecino de 40 años que sufrió pérdida temporal de visión en un ojo tras ser agredido en la playa de Benítez.
Las agresiones también afectaron a menores, registrándose casos de contusiones en la cabeza que requirieron sutura hospitalaria, intentos de fractura intencionada en extremidades, además de la destrucción sistemática de teléfonos móviles, documentos personales y pertenencias. A esto se añade la denuncia por los registros policiales realizados en la sede de la ONG No Name Kitchen el 22 de octubre, que conllevó la detención de dos activistas acusados de repartir espray pimienta e incitar a ataques contra las fuerzas del orden, acusación que Amnistía considera falsa y dirigida a criminalizar la ayuda humanitaria.
La ONG ha cuestionado la actuación de la Fiscalía de Ceuta al solicitar prisión provisional para las dos activistas, contrastando esta rapidez con la aparente falta de avances en la investigación sobre las torturas por parte de militares. Amnistía Internacional ha pedido que se realice una investigación imparcial y urgente que contemple la suspensión provisional de los efectivos implicados, la identificación de responsabilidades penales y disciplinarias, y la implementación de medidas efectivas de protección para las víctimas y los testigos.
