Este miércoles, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se presenta ante el Tribunal Supremo en el juicio que se sigue por la supuesta revelación de secretos vinculada al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Con el objetivo de confirmar su inocencia, García Ortiz ya había declarado en la sesión inicial del tribunal que «no es culpable» de los cargos que se le imputan en este proceso.
La única ocasión en que el fiscal habló en esta causa fue el pasado 3 de noviembre, cuando el presidente del tribunal le preguntó: «¿Se considera responsable de los delitos que se le atribuyen?» a lo que respondió de manera clara: «No».
Durante la fase de instrucción, García Ortiz afirmó ante el magistrado instructor, Ángel Hurtado, que no había proporcionado, difundido ni revelado información vinculada al caso de González Amador, que incluye una denuncia de Fiscalía y correos electrónicos relacionados con la causa.
Además, el fiscal reconoció que eliminaba «de manera regular» todo el contenido de su teléfono móvil, dado que contiene datos que considera «ultrasensibles».
En el día de su declaración, García Ortiz anticipará la comparecencia de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes registraron su despacho y elaboraron un informe clave para la investigación.
Un punto importante en el juicio es que al fiscal general se le imputan penas de seis años de prisión, 12 años de inhabilitación y una multa superior a 400.000 euros. Estas acusaciones se basan en la supuesta filtración a la Cadena SER, el 13 de marzo de 2024, de un correo enviado por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que se reconocen dos delitos fiscales cometidos por su cliente.
A pesar de las imputaciones, García Ortiz ha mantenido su posición ante el tribunal con el apoyo de varios testigos, entre ellos periodistas. Una docena de profesionales de los medios han comparecido en este proceso, indicando que contaban con el conocimiento de la confesión de González Amador antes que el fiscal general.
Entre estos testigos, Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, aseguró que, horas antes de que el fiscal intentara acceder a la información, ellos ya conocían los delitos fiscales que admitió González Amador.
Al ser interrogados acerca de las acusaciones, Campos y otros periodistas confirmaron que Álvaro García Ortiz no fue la fuente que les proporcionó esos datos. Varios optaron por preservar el origen de la información, amparándose en su derecho al secreto profesional.
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