Desde la prisión de Soto del Real, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha iniciado una acción legal para revertir su suspensión como diputado. Mediante un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, solicita que se revoque su exclusión de la Cámara Baja, calificando la medida como «anticipada» e «injustificada».
Dicha suspensión ocurrió tras su entrada en prisión provisional y el auto de procesamiento dentro del «caso Koldo», que investiga presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia.
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Argumentos presentados por la defensa de Ábalos
El documento legal expone tres fundamentos principales para solicitar la revisión de su situación en el Congreso:
1. Resolución pendiente en el Tribunal Supremo: Ábalos sostiene que la Mesa actuó de manera prematura. El próximo 15 de enero, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá una vista para analizar el recurso de apelación contra su prisión preventiva. Según su defensa, mientras el TS no se pronuncie, su suspensión vulnera el principio de presunción de inocencia.
2. Perjuicio a la representación electoral: Un punto relevante en su reclamación es la pérdida del voto de los ciudadanos de Valencia que lo eligieron en las elecciones generales de julio de 2023. La suspensión implica, a su juicio, privar a ese electorado de una representación legítima y democrática.
3. Efectos económicos: El exministro señala que la medida implica la pérdida de sus ingresos parlamentarios, detallando:
• Sueldo base: 3.236 € brutos mensuales.
• Indemnizaciones: aproximadamente 2.000 € adicionales por gastos relacionados con sus funciones legislativas.
• Seguridad Social: cese en el pago de sus cotizaciones y mutualidades.
Contexto judicial: El «caso Koldo»
La situación de Ábalos se complicó tras su procesamiento por supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario. Su ingreso en la prisión de Soto del Real marcó un punto relevante en la investigación. No obstante, el exdirigente socialista sostiene que se han vulnerado principios fundamentales del Estado de Derecho, como la independencia de poderes y el respeto a procedimientos judiciales pendientes de resolución.
Perspectivas a futuro
La Mesa del Congreso, bajo la presidencia de Francina Armengol, analizará el escrito presentado. No obstante, fuentes parlamentarias indican que, en casos de prisión provisional, la suspensión suele aplicarse de forma automática para proteger la dignidad institucional, independientemente de recursos legales abiertos.
Una fecha clave para su situación será el 15 de enero, cuando el Tribunal Supremo decida sobre su posible excarcelación en espera de juicio. De ser favorable, el Congreso deberá revisar sin demora su estatus administrativo.
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