José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ha presentado ante el Tribunal Supremo su escrito de defensa en el proceso judicial que investiga la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. En este documento, Ábalos solicita su absolución y propone que testifiquen los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
El escrito está firmado por Carlos Bautista, ex fiscal de la Audiencia Nacional y miembro del despacho Chabaneix, aunque el letrado renunció a continuar la defensa este mismo miércoles debido a discrepancias económicas.
En su defensa, Ábalos afirma no haber ejercido ninguna influencia para beneficiar la contratación de la empresa Soluciones de Gestión en distintas administraciones públicas. Solicita que el ministro del Interior detalle en el juicio el proceso de adquisición de material sanitario en su departamento, y que Torres y Armengol testifiquen sobre las compras efectuadas en Canarias y Baleares, respectivamente.
El ex secretario de Organización del PSOE sostiene que la empresa en cuestión únicamente contrató con Adif y Puertos del Estado, organismos dependientes del Ministerio de Transportes, y descarta haber intervenido en decisiones tomadas por otros ministerios o gobiernos autonómicos. Añade que otras administraciones gobernadas por el PSOE en ese momento no realizaron contratos con la compañía vinculada a Víctor de Aldama.
Asimismo, Ábalos niega formar parte de una organización criminal junto con su ex asesor Koldo García, rechaza ser el superior jerárquico del empresario Víctor de Aldama y asegura no haber participado en ningún plan para adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones. También desmiente haber recibido pagos semanales de 10.000 euros.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente atribuye a Ábalos presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de prisión para él en esta primera fase del llamado caso Koldo.
