MADRID / CEUTA — La jueza de la Audiencia Nacional encargada de la investigación sobre la oleada masiva de inmigrantes irregulares ocurrida a finales de julio en Ceuta, María Tardón, ha dispuesto nuevas diligencias judiciales para aclarar qué información previa tenían las autoridades españolas. En un auto emitido por solicitud de la Fiscalía, la magistrada ha citado para declarar como testigos el próximo 26 de noviembre al cónsul de España en el norte de Marruecos durante los hechos y, por segunda ocasión, a Gonzalo Sanz Ruiz, exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
El énfasis en un desplazamiento diplomático y las comunicaciones anteriores
La decisión judicial se basa en indicios recientes aportados por mandos policiales que señalan un hecho específico ocurrido en fechas cercanas al colapso fronterizo de los días 30 y 31 de julio. De acuerdo con el expediente, el diplomático ingresó a territorio español justo antes de la llegada masiva de personas y sostuvo reuniones donde presuntamente se trataron movimientos poco habituales en la frontera.
La magistrada pretende establecer si el cónsul transmitió a los responsables de la Delegación del Gobierno alguna advertencia, comunicación o evaluación sobre un posible riesgo de avalancha migratoria en la frontera, así como verificar la información que manejaba la legación diplomática acerca de la situación en las localidades marroquíes vecinas en los días previos.
La discrepancia en la declaración del exjefe de Gabinete
La citación de Gonzalo Sanz es necesaria para contrastar su testimonio previo, ya que en su primera declaración como testigo ante el juzgado no mencionó la visita del cónsul, las reuniones realizadas ni un supuesto intercambio de información sobre la seguridad perimetral. Con esta nueva comparecencia, el tribunal busca precisar el alcance de los datos que tenía la Delegación del Gobierno antes de la apertura de la frontera.
Estas diligencias se llevan a cabo simultáneamente con otras actuaciones importantes del caso, entre ellas la citación como investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, programada para el próximo 1 de diciembre, dentro de una investigación orientada a esclarecer los preparativos y la respuesta institucional frente a la crisis migratoria de julio.
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El énfasis en un desplazamiento diplomático y las comunicaciones anteriores
La decisión judicial se basa en indicios recientes aportados por mandos policiales que señalan un hecho específico ocurrido en fechas cercanas al colapso fronterizo de los días 30 y 31 de julio. De acuerdo con el expediente, el diplomático ingresó a territorio español justo antes de la llegada masiva de personas y sostuvo reuniones donde presuntamente se trataron movimientos poco habituales en la frontera.
La magistrada pretende establecer si el cónsul transmitió a los responsables de la Delegación del Gobierno alguna advertencia, comunicación o evaluación sobre un posible riesgo de avalancha migratoria en la frontera, así como verificar la información que manejaba la legación diplomática acerca de la situación en las localidades marroquíes vecinas en los días previos.
La discrepancia en la declaración del exjefe de Gabinete
La citación de Gonzalo Sanz es necesaria para contrastar su testimonio previo, ya que en su primera declaración como testigo ante el juzgado no mencionó la visita del cónsul, las reuniones realizadas ni un supuesto intercambio de información sobre la seguridad perimetral. Con esta nueva comparecencia, el tribunal busca precisar el alcance de los datos que tenía la Delegación del Gobierno antes de la apertura de la frontera.
Estas diligencias se llevan a cabo simultáneamente con otras actuaciones importantes del caso, entre ellas la citación como investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, programada para el próximo 1 de diciembre, dentro de una investigación orientada a esclarecer los preparativos y la respuesta institucional frente a la crisis migratoria de julio.
MADRID / CEUTA — La jueza de la Audiencia Nacional encargada de la investigación sobre la oleada masiva de inmigrantes irregulares ocurrida a finales de julio en Ceuta, María Tardón, ha dispuesto nuevas diligencias judiciales para aclarar qué información previa tenían las autoridades españolas. En un auto emitido por solicitud de la Fiscalía, la magistrada ha citado para declarar como testigos el próximo 26 de noviembre al cónsul de España en el norte de Marruecos durante los hechos y, por segunda ocasión, a Gonzalo Sanz Ruiz, exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
El énfasis en un desplazamiento diplomático y las comunicaciones anteriores
La decisión judicial se basa en indicios recientes aportados por mandos policiales que señalan un hecho específico ocurrido en fechas cercanas al colapso fronterizo de los días 30 y 31 de julio. De acuerdo con el expediente, el diplomático ingresó a territorio español justo antes de la llegada masiva de personas y sostuvo reuniones donde presuntamente se trataron movimientos poco habituales en la frontera.
La magistrada pretende establecer si el cónsul transmitió a los responsables de la Delegación del Gobierno alguna advertencia, comunicación o evaluación sobre un posible riesgo de avalancha migratoria en la frontera, así como verificar la información que manejaba la legación diplomática acerca de la situación en las localidades marroquíes vecinas en los días previos.
La discrepancia en la declaración del exjefe de Gabinete
La citación de Gonzalo Sanz es necesaria para contrastar su testimonio previo, ya que en su primera declaración como testigo ante el juzgado no mencionó la visita del cónsul, las reuniones realizadas ni un supuesto intercambio de información sobre la seguridad perimetral. Con esta nueva comparecencia, el tribunal busca precisar el alcance de los datos que tenía la Delegación del Gobierno antes de la apertura de la frontera.
Estas diligencias se llevan a cabo simultáneamente con otras actuaciones importantes del caso, entre ellas la citación como investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, programada para el próximo 1 de diciembre, dentro de una investigación orientada a esclarecer los preparativos y la respuesta institucional frente a la crisis migratoria de julio.
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El énfasis en un desplazamiento diplomático y las comunicaciones anteriores
La decisión judicial se basa en indicios recientes aportados por mandos policiales que señalan un hecho específico ocurrido en fechas cercanas al colapso fronterizo de los días 30 y 31 de julio. De acuerdo con el expediente, el diplomático ingresó a territorio español justo antes de la llegada masiva de personas y sostuvo reuniones donde presuntamente se trataron movimientos poco habituales en la frontera.
La magistrada pretende establecer si el cónsul transmitió a los responsables de la Delegación del Gobierno alguna advertencia, comunicación o evaluación sobre un posible riesgo de avalancha migratoria en la frontera, así como verificar la información que manejaba la legación diplomática acerca de la situación en las localidades marroquíes vecinas en los días previos.
La discrepancia en la declaración del exjefe de Gabinete
La citación de Gonzalo Sanz es necesaria para contrastar su testimonio previo, ya que en su primera declaración como testigo ante el juzgado no mencionó la visita del cónsul, las reuniones realizadas ni un supuesto intercambio de información sobre la seguridad perimetral. Con esta nueva comparecencia, el tribunal busca precisar el alcance de los datos que tenía la Delegación del Gobierno antes de la apertura de la frontera.
Estas diligencias se llevan a cabo simultáneamente con otras actuaciones importantes del caso, entre ellas la citación como investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, programada para el próximo 1 de diciembre, dentro de una investigación orientada a esclarecer los preparativos y la respuesta institucional frente a la crisis migratoria de julio.















