En su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre, Vox ha planteado diversas propuestas que pretenden transformar de manera considerable el ámbito educativo y social en España. Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la restricción de ciertos derechos sociales para extranjeros sin documentación, la creación de aulas específicas para estudiantes de «otras culturas» y la eliminación de leyes relacionadas con la igualdad de género.
El partido encabezado por Santiago Abascal plantea fijar un límite en el número de alumnos por aula que procedan de otras culturas o que tengan un dominio insuficiente del español. Asimismo, propone la creación de «aulas específicas de nivelación» para que los alumnos que se integren tardíamente en el sistema educativo español puedan alcanzar el nivel necesario antes de incorporarse a las clases regulares.
Medidas educativas y sociales
Vox también propone prohibir el uso del burka y niqab en los centros educativos y eliminar los menús halal en los comedores escolares. Estas medidas recuerdan a acciones similares tomadas en otros países europeos, como Italia bajo el gobierno de Giorgia Meloni y las propuestas de Alternativa para Alemania (AfD).
Respecto a la educación superior, Vox menciona la «recuperación de la vocación de la Universidad como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza», aunque no detalla cómo pretende mejorar la financiación de las universidades públicas ni trata el aumento de las privadas.
Reformas en sanidad y derechos de género
El programa también aborda el ámbito sanitario, proponiendo la exclusión de los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario, permitiendo su acceso solo en casos de urgencias graves. En temas como el aborto y la eutanasia, el partido se muestra menos específico que en programas anteriores, aunque reafirma su defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
En materia de políticas de género, Vox pretende desmontar gran parte de la estructura establecida en los últimos 25 años, incluyendo la derogación de leyes como la integral contra la violencia de género y la ley de Libertad Sexual. El partido sostiene que estas normativas han «criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres» y no han logrado reducir el número de víctimas.
Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género en 2004, el número de víctimas mortales ha disminuido, mientras que las denuncias por violencia en la pareja y delitos sexuales han aumentado, hecho que las instituciones y fuerzas de seguridad atribuyen a un mayor reconocimiento y progreso en este ámbito.
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